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PROMETE "MANO DE HIERRO" ANTE "COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS"

El PP expulsará y exigirá las actas a los ediles detenidos en Telde por corrupción

Todos los integrantes del Ayuntamiento del Telde, en Gran Canaria, han sido detenidos. Entre ellos se encuentra el alcalde del PP Francisco Valido. Los arrestos se enmarcan en el caso "Faycan". El PP ha ordenado la suspensión inmediata de militancia, previa a la apertura de un expediente de expulsión y la solicitud de entrega de las actas. La operación arrancó hace casi medio año, cuando fue arrestada la concejal de Contratación, también popular, y otros cinco funcionarios de su departamento bajo la sospecha de recibir comisiones ilegales por adjudicación de obras. También en aquella ocasión el partido decidió suspenderla de militancia.

Todos los integrantes del Ayuntamiento del Telde, en Gran Canaria, han sido detenidos. Entre ellos se encuentra el alcalde del PP Francisco Valido. Los arrestos se enmarcan en el caso "Faycan". El PP ha ordenado la suspensión inmediata de militancia, previa a la apertura de un expediente de expulsión y la solicitud de entrega de las actas. La operación arrancó hace casi medio año, cuando fue arrestada la concejal de Contratación, también popular, y otros cinco funcionarios de su departamento bajo la sospecha de recibir comisiones ilegales por adjudicación de obras. También en aquella ocasión el partido decidió suspenderla de militancia.
L D (Agencias) En esta instrucción se investigan delitos ligados a la corrupción supuestamente cometidos por distintos concejales del Ayuntamiento, así como una supuesta existencia de irregularidades administrativas y malversación de caudales públicos.
 
El pasado mes de marzo, el PP suspendió de militancia a una concejal de este consistorio que días antes había sido detenida por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras. Se trataba de la encargada de Contratación y Obras del Ayuntamiento de Telde, María Antonia Torres. Además, fueron arrestados cinco funcionarios de su departamento, entre ellos su marido, el interventor Enrique Orts.
 
La operación policial respondía a la denuncia de un empresario que aseguró haber sido víctima de un intento de extorsión durante el procedimiento de adjudicación de una obra. Desde entonces, el número de imputados asciende a dieciocho, entre los que figuran empresarios relacionados con las constructoras Dragados, Mazotti y Cobra; empleados municipales, el interventor, Enrique Oorts, el ex asesor de Obras Públicas, Francisco Gordillo, y tres concejalas del consistorio.

La principal imputada es la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda, que permaneció en prisión durante 62 días con cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto. También están imputadas la ex concejala de Aguas, Candelaria Sánchez, que fue expulsada de la plataforma Ciudadanos por el Cambio a raíz de su presunta implicación, así como la ex concejala de Festejos, Guadalupe López, PP, que renunció a su acta de edil, mientras que la ex responsable de Playas, Raquel León, ha comparecido como testigo.
 
El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró que su partido actuará "de manera implacable" frente a "cualquier comportamiento ilícito" adoptando una serie de medidas que van desde la suspensión inmediata de su militancia, a la apertura de un expediente de expulsión pasando por la solicitud de entrega de las actas de los implicados. "El PP va a actuar con mano de hierro en estos supuestos adoptando inmediatamente estas medidas", manifestó Acebes. Y es que, destacó, cualquier supuesto de corrupción "es incompatible con el PP, que ha demostrado que la limpieza, la transparencia y la honestidad en la vida pública es una de sus banderas y de sus señas de identidad".

Por tanto, subrayó, ante cualquier caso que se acredite la existencia de un comportamiento "ilícito", el PP actuará "con toda la contundencia promoviendo la investigación hasta las últimas consecuencias" al objeto de que se conozca "toda la verdad" y se puedan exigir así responsabilidades no sólo dentro del partido sino en los ámbitos administrativo y penal. Tras defender que de entre los más de 26.000 cargos electos que tiene el PP "puede haber alguien que cometa alguna irregularidad", aseveró que el principal partido de la oposición será "implacable a la hora de que conozcan con absoluta transparencia qué es lo que ha ocurrido y que sus responsables paguen con toda contundencia, siempre que se acredite su comportamiento irregular". "En nombre del PP --subrayó Acebes--, nadie va a cometer la más mínima ilegalidad permaneciendo en el partido". "No lo vamos a tolerar", apostilló.

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