LD (EFE) En el auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía continuar con la acusación que pesaba sobre el ex consejero delegado del BBV, Pedro Luis Uriarte; el que fuera asesor del esta entidad y posteriormente secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el ex director financiero del banco, Emilio Molinuevo.
El caso Probursa comenzó a investigarse en 2002 cuando el juez Baltasar Garzón decidió solicitar toda la información sobre la adquisición, por parte del banco español, del grupo financiero mexicano Probursa en 1995 y las posibles irregularidades fiscales existentes. En octubre de 2005, el juez Grande-Marlaska decidió el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones judiciales, por las que llegó a estar imputado el que fuera presidente del BBV, Emilio de Ybarra.
La Fiscalía entendía que "el precio a que se realizó aquella operación, –decidido por BBV en España–, fue artificiosamente alto" para trasladar a las cuentas anuales del BBV en España las pérdidas que Probursa había tenido y, como consecuencia, pagar menos impuestos. Sin embargo, el auto conocido este jueves indica que no existen "indicios suficientes de incriminación" para revocar la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska y confirma su decisión, una vez examinada la documentación de la Agencia Tributaria, sabido el "perfecto conocimiento del precio y operaciones realizadas por el BBV" y vistos los documentos enviados por el gobierno de México.
Al no prosperar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Grande-Marlaska ya ha archivado dos de las piezas del caso BBV –iniciadas antes por el juez Baltasar Garzón–, después de que, en marzo de 2005, acordara sobreseer de manera provisional la causa por "presuntas actividades criminales de blanqueo de capitales" derivadas del narcotráfico.
No obstante, ya se celebró el juicio que se refiere a las pensiones que abrió para sus ejecutivos el antiguo Banco Bilbao Vizcaya, con dinero procedente de cuentas secretas, más conocido como caso ALICO, que concluyó con una sentencia condenatoria de seis meses de cárcel para Emilio Ybarra por un delito de apropiación indebida.
De los casos relacionados con el BBV, queda todavía por concluir su instrucción el caso denominado de las "cuentas secretas", a la espera de calificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Ybarra también están acusados por este último caso, entre otros, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo.
El caso Probursa comenzó a investigarse en 2002 cuando el juez Baltasar Garzón decidió solicitar toda la información sobre la adquisición, por parte del banco español, del grupo financiero mexicano Probursa en 1995 y las posibles irregularidades fiscales existentes. En octubre de 2005, el juez Grande-Marlaska decidió el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones judiciales, por las que llegó a estar imputado el que fuera presidente del BBV, Emilio de Ybarra.
La Fiscalía entendía que "el precio a que se realizó aquella operación, –decidido por BBV en España–, fue artificiosamente alto" para trasladar a las cuentas anuales del BBV en España las pérdidas que Probursa había tenido y, como consecuencia, pagar menos impuestos. Sin embargo, el auto conocido este jueves indica que no existen "indicios suficientes de incriminación" para revocar la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska y confirma su decisión, una vez examinada la documentación de la Agencia Tributaria, sabido el "perfecto conocimiento del precio y operaciones realizadas por el BBV" y vistos los documentos enviados por el gobierno de México.
Al no prosperar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Grande-Marlaska ya ha archivado dos de las piezas del caso BBV –iniciadas antes por el juez Baltasar Garzón–, después de que, en marzo de 2005, acordara sobreseer de manera provisional la causa por "presuntas actividades criminales de blanqueo de capitales" derivadas del narcotráfico.
No obstante, ya se celebró el juicio que se refiere a las pensiones que abrió para sus ejecutivos el antiguo Banco Bilbao Vizcaya, con dinero procedente de cuentas secretas, más conocido como caso ALICO, que concluyó con una sentencia condenatoria de seis meses de cárcel para Emilio Ybarra por un delito de apropiación indebida.
De los casos relacionados con el BBV, queda todavía por concluir su instrucción el caso denominado de las "cuentas secretas", a la espera de calificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Ybarra también están acusados por este último caso, entre otros, el director financiero, Luis Bastida, y el director financiero adjunto, Rodolfo Molinuevo.