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La Ley del Suelo de Trujillo pasa el pleno del Congreso a pesar de las enmiendas de los grupos

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CIU al proyecto de Ley del Suelo. El BNG, por su parte ha retirado la suya y la iniciativa de Trujillo ya va camino del debate de enmiendas en la Comisión de Fomento y Vivienda. Este proyecto recoge, entre otras medidas, que sea un consejero autonómico y no un concejal quien estudie los proyectos urbanísticos que eleven un 20 por ciento el suelo edificable. No obstante la tramitación parlamentaria se prevé sin complicaciones, dado que el Gobierno ya cuenta con los apoyos de IU-ICV, ERC y el propio PSOE.

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CIU al proyecto de Ley del Suelo. El BNG, por su parte ha retirado la suya y la iniciativa de Trujillo ya va camino del debate de enmiendas en la Comisión de Fomento y Vivienda. Este proyecto recoge, entre otras medidas, que sea un consejero autonómico y no un concejal quien estudie los proyectos urbanísticos que eleven un 20 por ciento el suelo edificable. No obstante la tramitación parlamentaria se prevé sin complicaciones, dado que el Gobierno ya cuenta con los apoyos de IU-ICV, ERC y el propio PSOE.

LD (EFE) El proyecto de Ley del Suelo ha superado la primera fase de su tramitación en el Congreso de los Diputados, después de que el pleno rechazara las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PP y CiU, y el BNG retirara la suya a raíz de la promesa de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de seguir trabajando con los grupos para mejorar el texto.

Las enmiendas a la totalidad de estos dos grupos parlamentarios fueron rechazadas por 160 votos, mientras que recibieron 136 votos a favor y 5 abstenciones. El Proyecto de Ley del Suelo pasará ahora para el debate de las enmiendas al articulado a la Comisión de Fomento y Vivienda. En cualquier caso, la tramitación parlamentaria se prevé sin complicaciones, dado que el Gobierno ya cuenta con los apoyos de IU-ICV, ERC -y del propio PSOE- después de que la titular de Vivienda firmara en julio una declaración en la que estos dos grupos se comprometieron a respaldar la Ley del Suelo en su paso por el Congreso.

Durante su intervención para presentar el texto del proyecto de ley, Trujillo resaltó que "es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de ciudadanos y para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas". Además, reiteró de nuevo que el texto "no invade las competencias autonómicas", dado que es "respetuoso al máximo" con la distribución de las mismas y está "plenamente inspirado en la jurisprudencia constitucional" en la materia.

En el turno de defensa de las enmiendas a la totalidad, los grupos centraron su argumentación sobre todo en las competencias autonómicas y en la necesidad de un pacto de estado para luchar contra la corrupción. Además, prácticamente todos los grupos señalaron que el texto se queda corto en sus objetivos, sobre todo en lo que se refiere a las viviendas en alquiler, las VPO y la luchar contra de la especulación y corrupción.

El portavoz del PP Pablo Matos acusó al Gobierno de pretender abaratar las expropiaciones, dado que supone que a un ciudadano que se le expropie un terreno no se le pague según lo que vale, sino lo que establece la propia administración. También se refirió a la invasión de las competencias autonómicas y destacó que el texto no incluye nuevos instrumentos para evitar la retención especulativa del suelo.

El diputado de CiU Jordi Jané, destacó la necesidad de impulsar un pacto de estado de medidas urgentes para atajar la corrupción, pero subrayó que "este proyecto no es el camino". Explicó que su grupo está de acuerdo con el incremento del porcentaje de cesión de suelo par VPO, pero precisó que "no entendemos por qué tiene un tope" (el 20 por ciento).

El portavoz del BNG Francisco Rodríguez, ha destacado que este proyecto de ley es "incapaz de frenar la especulación y la corrupción en la medida en que sería necesario", y señaló que se podrían haber establecido mejoras a través de la ley actual. También afirmó que el texto olvida "las peculiaridades" que la ordenación territorial y el régimen de propiedad del suelo tienen en Galicia.

No obstante, ante el compromiso asumido por parte de María Antonia Trujillo de trabajar sobre el texto para mejorar la Ley en este sentido, Rodríguez retiró la enmienda a la totalidad presentada por su grupo. El diputado de ERC Josep Andreu también propuso un "gran" pacto de estado entre todos los partidos para frenar la corrupción, a la vez que exigió que el texto respete "escrupulosamente" las competencias.

Características de la nueva Ley

La nueva ley prescinde de las calificaciones del suelo que servían para establecer las diferencias entre los derechos y los deberes de la propiedad, ya que entiende que esta calificación "ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo" por especulación política. Con ello parece referirse al aumento del precio cuando se produce una decisión política que cambia la calificación del suelo a otra que permite usos más valiosos (ej: de rústica a urbanizable). Por ello, el nuevo texto elimina la calificación de los suelos, que con la nueva ley pasarán a estar "en situación de suelo rural" o "de suelo urbanizado".
 
El Instituto Juan de Mariana ha realizado un estudio sobre la nueva Ley, considerando que "esta diferencia tiene implicaciones muy serias por lo que se refiere a la expropiación, porque la valoración del suelo no se efectuará en función de su uso potencial, sino en virtud de su situación física. Y el cálculo del justiprecio se realizará a través del método de capitalización de rentas en lugar del método comparativo de suelos similares en el mercado". Con estos cambios, se podrán expropiar las fincas urbanizables con una compensación como si fueran rústicas, "un 'justiprecio' que apenas merece tal nombre", según la nota del Instituto. "De este modo", sigue, "la nueva legislación otorga carta blanca a la administración para expropiar el patrimonio de los ciudadanos con una compensación mínima, que no atiende a ningún criterio de justicia".
 
Contribuye a encarecer la vivienda
 
Por otro lado, el Proyecto de Ley obliga a reservar un 25 por ciento del suelo a viviendas con algún tipo de protección oficial. Así, la nueva legislación restringirá la oferta de vivienda libre. Esta restricción de la oferta contribuirá a un aumento de los precios de la vivienda, con efectos sociales muy negativos para amplias capas sociales que buscan la oportunidad de adquirir una.
 
Por otro lado, la Administración deja clara una vez más cuál es su principal motivación: la recaudación tributaria. El proyecto de Ley permite a los Ayuntamientos incrementar hasta un 20 por ciento el impuesto del porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria (frente a un máximo del 10 por ciento actual). De nuevo, esta medida provocará tanto el incremento de los precios de la vivienda cuanto un rebrote de la tan de actualidad corrupción urbanística, al aumentar sus beneficios.

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