L D (EFE) Hernando, en declaraciones a EFE, salía así al paso de las manifestaciones del diputado del PP Alejandro Ballestero, quien se quejó de que existe una "Justicia a la carta" para el hermano del titular de Justicia, contra quien la AVT se querelló por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su vertiente de menosprecio a las víctimas, por los insultos al el presidente de esta asociación.
El portavoz socialista acusó a Ballestero de calumniar al ministro e insistió en que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de aplazar hasta el próximo 1 de diciembre la declaración de Carlos López Aguilar sobre este asunto y decidir que ésta se produzca en un juzgado de su provincia es "absolutamente habitual". Hay "cientos y miles" de esas resoluciones al día. En su opinión, el diputado del PP comete "un nuevo patinazo" e incurre en una "falta de respeto" al tribunal al cuestionar la independencia judicial, ya que no hay ningún trato de favor en este caso.
También la AVT manifestó su "indignación" ante lo que considera un "trato privilegiado". Según la asociación, "no es de recibo en un Estado de Derecho que a un querellado que ha de declarar por una causa relacionada con los delitos de terrorismo, de los cuales entiende la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, se le conceda el privilegio de no hacerlo en dicha sede judicial".
El portavoz socialista acusó a Ballestero de calumniar al ministro e insistió en que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de aplazar hasta el próximo 1 de diciembre la declaración de Carlos López Aguilar sobre este asunto y decidir que ésta se produzca en un juzgado de su provincia es "absolutamente habitual". Hay "cientos y miles" de esas resoluciones al día. En su opinión, el diputado del PP comete "un nuevo patinazo" e incurre en una "falta de respeto" al tribunal al cuestionar la independencia judicial, ya que no hay ningún trato de favor en este caso.
También la AVT manifestó su "indignación" ante lo que considera un "trato privilegiado". Según la asociación, "no es de recibo en un Estado de Derecho que a un querellado que ha de declarar por una causa relacionada con los delitos de terrorismo, de los cuales entiende la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, se le conceda el privilegio de no hacerlo en dicha sede judicial".