L D (Europa Press) El comisario Mario Jiménez, hoy jubilado, y con 23 años de servicio en esa Brigada, fue trasladado de su puesto de trabajo el 10 de mayo pasado, dos días después de que llegara por fax el contrato por el que los dos ex alcaldes de Ciempozuelos pactaron con la inmobiliaria Esprode una comisión de 40 millones de euros por recalificar unos terrenos.
Para los abogados del PP, que ejercen la acusación popular, estos hechos son "gravísimos" porque, de confirmarse la supuesta filtración de unos informes caligráficos a los abogados del PSOE, se demostraría un trato de favor del Ministerio del Interior hacia esa formación política y una obstrucción y falta de colaboración con el juez que instruye el caso, que ha mandado a prisión, por el momento, a los dos ex alcaldes socialistas de esa localidad, Joaquín Tejeiro y Antonio Torrejón. Por esa razón quieren que el comisario de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, declare "cuanto antes" ante el juez sobre este asunto.
Respecto al cese del comisario Mario Jiménez, el PP quiere que el juez cite al comisario de Policía Judicial, Juan Antonio González, para que explique las razones que le llevaron el día 10 a cesar de forma fulminante a Mario Jiménez, dos días después de que llegara a la unidad policial un fax de la policía de Andorra alertando de los supuestos delitos urbanísticos de los dos ex ediles de Ciempozuelos.
El comisario relató en su comparecencia ante el juez que su jefe inmediato, José Luis Olivera, le envió a las 21.29 horas del 9 de mayo, un día después de la recepeción de la documentación de Andorra, un SMS a su móvil citándole en su despacho a una reunión al día siguiente a las 10.30 horas. Allí, sin ningún tipo de explicación, según su propio testimonio, fue cesado de forma "arbitraria", hecho que imputó al comisario general de Policía Judicial.