L D (Agencias) Aunque esta medida ha sido ordenada para los once detenidos el martes en Ceuta por su vinculación con la organización terrorista Al Qaeda, que se encuentran en situación de incomunicación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 la extenderá a todos los casos de terrorismo, ya sea islamista o etarra que le corresponda instruir. Además de la grabación permanente de los arrestados en sus celdas, siempre "preservando su intimidad", el juez se reserva la posibilidad de poder personarse en el lugar en el que estén los detenidos en cualquier momento que considere oportuno.
Asimismo, el magistrado será informado de las características del lugar de detención y del tiempo en el que han permanecido sin contacto con otras personas, es decir, en situación de incomunicación. Los detenidos, cuyo paradero debe ser conocido por sus familiares en todo momento, podrán ser reconocidos por médicos de su elección, sin perjuicio de que seguirán siendo examinados por los forenses de la Audiencia Nacional al menos cada ocho horas y siempre que sea necesario.
Se trata de una medida calificada de pionera en España aunque la Ertzaintza la lleva poniendo en marcha desde hace tiempo para evitar las denuncias por malos tratos que suelen interponer los detenidos por su relación con ETA. Varias directivas y tratados europeos recomendaban la imposición de las medidas decretadas ahora por el juez Baltasar Garzón, con la que se pretende "prevenir la propia acción de los funcionarios y los derechos de los detenidos".
Los primeros detenidos con los que se pondrá en práctica esta novedosa medida serán los once arrestados ayer por la Policía Nacional, con la colaboración de los Servicios de Inteligencia de Marruecos, en la barriada de Príncipe Alfonso de Ceuta por su presunta pertenencia a una célula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) vinculado a Al Qaeda.
El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, acusó Garzón, en declaraciones a Europa Press, de "sembrar dudas" sobre la actuación de los agentes de la Policía y la Guardia Civil al ordenar que se graben los periodos de incomunicación de los detenidos por terrorismo en dependencias policiales, antes de pasar a disposición judicial.
Además, López pidió que sea el "legislador" el que decida sobre esta medida y no un juez determinado de la Audiencia Nacional. A quien pidió con "urgencia" que se pronuncie es al Ministerio del Interior, ya que el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado queda en "entredicho". El secretario general de la CEP recordó que la Policía es la institución mejor valorada por los españoles, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Por último, López advirtió del peligro que corren los agentes de las Fuerzas de Seguridad cuando los sistemas de vídeo con los que se graba a los detenidos fallen. "En ese caso, las Fuerzas de Seguridad siempre serán sospechosas", apostilló.