L D (Europa Press) Entre las modificaciones aprobadas en el Pleno en la Cámara Baja, destaca la incluida mediante una enmienda transaccional a propuesta de IU-ICV, por la que se incluyen las condiciones socioeconómicas "u otros factores" para asegurar la igualdad en el acceso a las becas y ayudas al estudio "en todo el territorio", que el Gobierno determinará con carácter básico "sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónomas".
"El Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas en todo el territorio, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónoma", dice ahora la reforma.
Sin embargo, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, defendió que el modelo de becas debe basarse en el principio "fundamental" de que las "disfrutan individuos concretos y no territorios concretos". "La política de becas, que es una competencia del Estado, tiene que ser una política que garantice la igualdad de acceso de todos los estudiantes de cualquier comunidad autónoma a esas becas y en esa línea vamos a trabajar", dijo.
Así, el Gobierno trabaja en el diseño de un real decreto para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2001 sobre la gestión de las becas, que –según especificó Cabrera– se pretende tener listo "lo antes posible". En todo caso, la titular del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) entiende que este jueves es un "momento importante" para la Universidad por la aprobación de la reforma tras un "intenso y enriquecedor" debate.
Asimismo, en este último trámite del proyecto de reforma universitaria del Pleno del Congreso antes de su envío al Senado se incluyeron también otras modificaciones, entre las que destaca que no se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la Universidad.
"Devaluación" del profesorado
Durante el debate en el Pleno, el PP insistió en denunciar una "devaluación" de los cuerpos docentes por el nuevo modelo de acreditación del profesorado funcionario, hecho "sobre papeles y sin pruebas públicas competitivas", encaminando a la Universidad hacia un "mercado de las acreditaciones", así como la "muy imprudente, engañosa y perturbadora" regulación de los títulos oficiales. Su portavoz educativo, Eugenio Nasarre, justificó el voto en contra como "compromiso" con los que "luchan" con una Universidad abierta y para devolver la "esperanza" al sistema.
Por contra, la portavoz del PSOE, Montserrat Palma, valoró el trabajo "intenso, interesante y fructífero" de los grupos parlamentarios dando como fruto un texto "mucho más complejo, matizado, enriquecido y mejor" en el que "todos y cada uno" se ven reconocidos "en mayor o menor medida". En esta línea, IU-ICV se congratuló de identificarse con muchos de los cambios pero ve insuficiente limitarse a "devolver la normalidad" a la Universidad, pidiendo no dejar pendientes cuestiones como el modelo de financiación universitaria.
Por su parte, los grupos nacionalistas, principalmente CiU y PNV, celebraron los anuncios del Gobierno de retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes universitarias de Cataluña y País Vasco, así como el reconocimiento de la pluralidad lingüística de España en texto de reforma. A pesar de subrayar el "avance tímido" –como dijo ERC–, resaltaron su intención de continuar avanzando en sus sugerencias en el trámite del Senado, por ejemplo en materia de profesorado y cuestiones competenciales.