L D (Europa Press) La Ley de 22/1998 de Costas elimina la posibilidad de adquirir la propiedad de terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio publico y bloqueaba la posibilidad de realizar cualquier tipo de construcción en los mismos hasta no haberse realizado el correspondiente deslinde.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó esta parcela de terreno el 18 de septiembre de 2001, es decir, unas dos semanas antes de solicitar que se realizara el pertinente deslinde mediante un oficio dirigido a la Demarcación de Costas de esta ciudad por parte del gerente José Tomas Martín González, según Anticorrupción.
En aquel momento, no se tuvo en cuenta la línea de deslinde que existía desde el año 1961 y que, según el informe pericial de la arquitecta Pía Oramas recogido en la querella de la Fiscalía, afectaba a 9.076,50 metros cuadrados, de los 109.420 adquiridos por el citado Ayuntamiento, y que por tanto eran "inalienables, imprescriptibles e inembargables" en el momento de la compra.
Además, cuando en 2006 la Dirección de Costas autorizó el expediente de deslinde de la zona de costa perteneciente a la playa de "Las Teresitas" amplió la línea de deslinde de 1961. Con esta nueva medida, casi una tercera parte del terreno comprado por el ayuntamiento, 31.159 de los 109.420 metros cuadrados, era de dominio público y, según la querella, este espacio es donde presumiblemente se ubicarían los hoteles, ya que son los únicos llanos.
Todo ello indica que tenida en cuenta la línea de deslinde propuesta por la Demarcación de Costas de Tenerife, que sin embargo no esta aprobada definitivamente por la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado.