LD (EFE) El PP reclama la devolución del proyecto de ley porque considera que con él el Gobierno quiere "camuflar", bajo "principios aceptados por todos o definidos de forma vaga o imprecisa", disposiciones que no sólo "atentan" contra la legislación comunitaria, sino que además "pretenden amparar y blindar la discrecionalidad de sus decisiones" en materia de fusiones y concentraciones de empresas. Así, aunque aseguran estar de acuerdo con la necesidad de reformar la actual legislación para modernizar y simplificar el modelo y garantizar la independencia de las autoridades de competencia, los populares insisten en que el proyecto "no aborda de un modo integral ni adecuado estos aspectos".
Critican especialmente que, para "garantizar el éxito de sus operaciones político-empresariales", el Ejecutivo "ser reserva" la potestad de designar a "todas las autoridades de la competencia", como el presidente de la futura Comisión Nacional de Competencia y los miembros del Consejo, y también designa el órgano de instrucción, la Dirección de Investigación. Para el PP, el Gobierno quiere, por tanto, "intervenir y controlar todas las instancias de la toma de decisión", y aumentar así su "poder arbitrario que en no pocas ocasiones a lo largo de la presente legislatura se ha mostrado contrario a los intereses de las empresas o los consumidores".
El Partido Popular rechaza también el proyecto porque entiende que contiene "graves deficiencias técnicas" y que "se aleja del modelo europeo" en cuestiones como la rebaja de las sanciones en casos de abuso de mercado o acuerdos ilegales. El primer grupo de la oposición lamenta que ante este proyecto, que "afecta a 43 millones de españoles en su condición de consumidores", el Gobierno haya tenido una "nula voluntad de consenso".
Añade que, teniendo en cuenta la trascendencia de las decisiones que habrá de tomar la futura Comisión Nacional de Competencia, se ve obligado a "dudar de la buena fe" de este texto, sobre todo teniendo en cuenta la "trayectoria de intervencionismo e injerencia en la esfera empresarial que este Gobierno nos ha deparado".
Critican especialmente que, para "garantizar el éxito de sus operaciones político-empresariales", el Ejecutivo "ser reserva" la potestad de designar a "todas las autoridades de la competencia", como el presidente de la futura Comisión Nacional de Competencia y los miembros del Consejo, y también designa el órgano de instrucción, la Dirección de Investigación. Para el PP, el Gobierno quiere, por tanto, "intervenir y controlar todas las instancias de la toma de decisión", y aumentar así su "poder arbitrario que en no pocas ocasiones a lo largo de la presente legislatura se ha mostrado contrario a los intereses de las empresas o los consumidores".
El Partido Popular rechaza también el proyecto porque entiende que contiene "graves deficiencias técnicas" y que "se aleja del modelo europeo" en cuestiones como la rebaja de las sanciones en casos de abuso de mercado o acuerdos ilegales. El primer grupo de la oposición lamenta que ante este proyecto, que "afecta a 43 millones de españoles en su condición de consumidores", el Gobierno haya tenido una "nula voluntad de consenso".
Añade que, teniendo en cuenta la trascendencia de las decisiones que habrá de tomar la futura Comisión Nacional de Competencia, se ve obligado a "dudar de la buena fe" de este texto, sobre todo teniendo en cuenta la "trayectoria de intervencionismo e injerencia en la esfera empresarial que este Gobierno nos ha deparado".