LD (Agencias) Según el auto emitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, este órgano judicial se declara "no competente" para juzgar al represor argentino Ricardo Miguel Caballo. Los jueces españoles remiten las actuaciones a los órganos judiciales de Argentina.
El auto indica que actualmente no hay impedimento para que Cavallo sea juzgado en Argentina, país donde se cometieron los crímenes, al haber sido abolidas las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" que garantizaban impunidad a los acusados de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, el tribunal ha tenido en cuenta los argumentos del abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, que pidió una declinatoria de jurisdicción al entender que su cliente era investigado en Argentina por los crímenes cometidos en el centro de tortura instalado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Tanto el fiscal como las acusaciones personadas pidieron que Cavallo fuera juzgada en España.
El auto, que se basa en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el "caso Guatemala", en el que se habla de la prioridad del principio de territorialidad, de cuarenta días a las autoridades argentinas para que soliciten la extradición del ex militar que había sido extraditado por México a España.
En enero pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía una pena mínima de 13.332 años de prisión y una máxima de 17.010 para Cavallo, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad o de genocidio y de que estos estén o no relacionados con actividades terroristas. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid solicitaba entonces treinta años de prisión, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, para el ex militar argentino por un delito contra la humanidad en concurso con 4.400 delitos de asesinato, ya que para ellos "no tiene sentido sumar penas en un concurso de delitos".
Cavallo se encuentra en prisión en España desde que el veintinueve de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de los centros de detención que funcionaron durante la dictadura argentina (1976-1983).