LD (EFE) La embajada de Venezuela en España ha hecho público un comunicado donde el Gobierno del presidente Hugo Chávez ratifica "su decisión de desconocer íntegramente el contenido del acuerdo amistoso" por el que se le concedería el pago de una indemnización de 325.000 euros a dos etarras y acelerar la concesión de nacionalidad a otros cuatro.
El texto afirma que el pacto se tomó "sin la debida consulta, entre funcionarios del Estado y ciudadanos españoles". Enseguida subraya que las relaciones con España "constituyen una prioridad en la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela" y asegura que mantiene su disposición "a la consulta y al diálogo permanente como mecanismos para el entendimiento y fortalecimiento de las mismas".
El acuerdo que ahora se desautoriza se alcanzó el pasado mes de junio, después de que los dos etarras expulsados a España, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, presentaran una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras hacerse público el contenido de los acuerdos, el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, se reunió con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le informó de que las autoridades de su país "desautorizaban" el contenido de los pactos, por lo que no se indemnizaría a los etarras ni se les concedería la nacionalidad.
Por su parte, Marino Alvarado, el abogado de los dos etarras expulsados de Venezuela en 2002, aseguró desde Caracas que si el Gobierno de ese país "no cumple el acuerdo amistoso" elevará la causa a la CIDH. Según explicó, el acuerdo fue "homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el ocho de noviembre". En él, dice, las autoridades venezolanas reconocían que "las deportaciones (de los dos etarras) fueron ilegales y arbitrarias", por lo que se les indemnizaría con 325.000 euros.