LD (EFE) Con esta decisión, el Gobierno confirma el anuncio hecho ya de aplicar esta moratoria para los trabajadores de Rumanía y Bulgaria -países que serán miembros de la UE desde el próximo 1 de enero- de forma flexible y de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo. Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la moratoria será efectiva desde el 1 de enero, y dentro de un año, el Ejecutivo y los interlocutores sociales evaluarán sus efectos.
Tras esa evaluación, y siempre con el consenso con los agentes sociales, se acordará si se da continuidad a la moratoria hasta el máximo de los dos años o se da por finalizado este periodo transitorio. La vicepresidenta aseguró que con esta medida se pretende "acelerar, dentro de los márgenes realistas, la entrada en vigor de la libre circulación de personas en el territorio de la Unión Europea, siguiendo las instrucciones comunitarias y con el acuerdo con empresarios y sindicatos"
Fernández de la Vega añadió que tanto la moratoria como el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios que pueden ser contratados, también aprobado hoy, son medidas "acordes con la voluntad del Gobierno de tener una inmigración legal y ordenada". Según la referencia del Consejo de Ministros, si la evolución del mercado laboral "lo permite" se podrá reducir la duración máxima de la moratoria.
En cualquier caso, sea de un año o dos, una vez concluida la moratoria "España aplicará a los trabajadores búlgaros y rumanos íntegramente el acervo comunitario sobre libre circulación de trabajadores", añade la reseña.España apuesta con esta decisión "por avanzar con la mayor rapidez posible hacia la plena aplicación de la práctica comunitaria sobre libre circulación de trabajadores a los nacionales de los citados estados".
En este contexto, el Gobierno español pretende aplicar a los trabajadores búlgaros y rumanos un período transitorio más reducido al que se viene estableciendo en el Tratado de Adhesión, cuya duración sea de dos años. El Gobierno recuerda que la aplicación de este período transitorio a los trabajadores búlgaros y rumanos ha contado con la opinión favorable de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que han sido consultadas en el marco del diálogo social. El Gobierno, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Interior, dictará las instrucciones y actuaciones que sean necesarias para la ejecución de este acuerdo.
Tras esa evaluación, y siempre con el consenso con los agentes sociales, se acordará si se da continuidad a la moratoria hasta el máximo de los dos años o se da por finalizado este periodo transitorio. La vicepresidenta aseguró que con esta medida se pretende "acelerar, dentro de los márgenes realistas, la entrada en vigor de la libre circulación de personas en el territorio de la Unión Europea, siguiendo las instrucciones comunitarias y con el acuerdo con empresarios y sindicatos"
Fernández de la Vega añadió que tanto la moratoria como el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios que pueden ser contratados, también aprobado hoy, son medidas "acordes con la voluntad del Gobierno de tener una inmigración legal y ordenada". Según la referencia del Consejo de Ministros, si la evolución del mercado laboral "lo permite" se podrá reducir la duración máxima de la moratoria.
En cualquier caso, sea de un año o dos, una vez concluida la moratoria "España aplicará a los trabajadores búlgaros y rumanos íntegramente el acervo comunitario sobre libre circulación de trabajadores", añade la reseña.España apuesta con esta decisión "por avanzar con la mayor rapidez posible hacia la plena aplicación de la práctica comunitaria sobre libre circulación de trabajadores a los nacionales de los citados estados".
En este contexto, el Gobierno español pretende aplicar a los trabajadores búlgaros y rumanos un período transitorio más reducido al que se viene estableciendo en el Tratado de Adhesión, cuya duración sea de dos años. El Gobierno recuerda que la aplicación de este período transitorio a los trabajadores búlgaros y rumanos ha contado con la opinión favorable de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que han sido consultadas en el marco del diálogo social. El Gobierno, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Interior, dictará las instrucciones y actuaciones que sean necesarias para la ejecución de este acuerdo.