(Libertad Digital) El presidente de la Junta Islámica Española, Masur Escudero, presentó el pasado 24 de julio en el registro de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía una solicitud oficial para que se reconozca el derecho preferente a la nacionalidad española a todos los descendientes de los moriscos expulsados tras el decreto de 1502 firmado por Isabel la Católica.
Según el presidente de esta Junta –dependiente del ministerio de Justicia–, "la Ley de Extranjería de 1985 ya había otorgado ese tratamiento preferencial, a través del artículo 22.1 del Código Civil, a los judíos sefardíes, equiparándolos a los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos y gibraltareños. Es decir, a todos aquellos que habían tenido alguna relación histórica o de sangre con España. Sin embargo, se olvidaron de los andalusíes, que eran más españoles que nadie porque nacieron y vivieron durante ocho siglos en la Península. Por eso consideramos que en este tiempo de alianza de civilizaciones ha llegado la hora de reparar este olvido histórico y este agravio comparativo".
Mansur Escudero matiza sus palabras, distanciándose de las reivindicaciones de Al Qaeda que ha llamado a reconquistar Al Andalus, diciendo que "no se preocupen los españoles porque no pretendemos invadirles ni creo que se de el caso de una petición en masa de nacionalidad jurídica".
Francia toma medidas frente a la inmigración ilegal
Sin embargo, en un momento en el que España sufre la llegada masiva de inmigrantes, todo hace suponer que la aprobación de esta iniciativa provoque un nuevo "efecto llamada". Y es que ante este desbordamiento migratorio, España no ha tomado ninguna medida legal que normalice o amortigüe esta situación, especialmente complicada para las islas Canarias. Sí lo ha hecho Francia que ha aprobado definitivamente una ley que endurece las condiciones para la regularización de los inmigrantes y dificulta el reagrupamiento familiar.
Tanto el Senado como la Asamblea Nacional han ratificado una norma que se basa en la filosofía de que en Francia debe primar la inmigración "escogida" y no la "sufrida", como ha afirmado repetidamente el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, verdadero impulsor del proyecto.