(Libertad Digital) El periódico El Mundo recoge este jueves un nuevo caso de acoso a comerciantes en Cataluña. Los propietarios de una tienda de frutos secos en Barcelona se han visto obligados a pagar una multa de 600 euros por "vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios". El origen de la polémica multa se remonta a septiembre de 2005. La asociación Omnium Cultural encargada de señalar y denunciar a los comerciantes que no rotulen en castellano, presentó una denuncia a Consumo porque el establecimiento no tenía el letrero escrito en catalán.
Tres semanas después, la Agencia Catalana del Consumo envió una carta al propietario del comercio para que "se adecuara a la normativa vigente sobre política lingüística catalana". Les dieron un plazo de dos meses, y los dueños cambiaron el rótulo exterior. Sin embargo, pasado el plazo, acudió a la tienda una inspectora y les indicó que les iba a sancionar porque los letreros del interior del local estaban en castellano. Los dueños del establecimiento no quieren hablar porque dicen que ya han tenido suficientes problemas.
La Fundación DENAES, para la Defensa de la Nación Española, ante este nuevo caso de acoso lingüístico en Cataluña, ha querido denunciar el "terrorismo lingüístico que se ha implantado" en esta comunidad autónoma y ha exigido al Gobierno que "ponga coto a la persecución de la Generalidad a los comerciantes que rotulan en castellano".
Para esta Fundación, el silencio de los comerciantes "demuestra que el objetivo de esta política, que raya el terrorismo lingüístico, no es otro que atemorizar a los ciudadanos".
Según DENAES "es inevitable hacer un paralelismo con los empresarios del País Vasco víctimas de la extorsión de ETA que pagan a la organización terrorista y guardan silencio para no tener problemas". En Cataluña, señala DENAES, "el asqueroso papel de matones y chivatos corresponde a la asociación conocida como Omnium Cultural, subvencionada por la Generalidad, que se dedica a denunciar y señalar a los comerciantes que no se pliegan a la extorsión lingüística, y la Generalidad en el papel de recaudador a través de las multas".
Por todo ello, DENAES "anima a los comerciantes a la resistencia cívica, desobediencia civil, a no pagar multas y a recurrir hasta donde sea necesario en defensa de sus libertades constitucionales".