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Francia podría ceder a la Audiencia Nacional la jurisdicción sobre los etarras Larrinaga y Etxeberria gracias a un acuerdo del Gobierno Aznar

Las fiscalías española y francesa trabajan en la consecución de un acuerdo que permita a España asumir la jurisdicción sobre los delitos imputados en el país galo a los miembros de ETA, Asier Larrinaga y Garikoitz Etxebarria, detenidos el pasado martes al sur de Bayona. De este modo, los terroristas serán juzgados en España por los delitos que se le imputan en Francia. Esta medida se podrá llevar a cabo gracias al acuerdo alcanzado en 2001entre los ministros Ángel Acebes y Marylise Lebranchu. Rubalcaba no ha mencionado nada de este acuerdo histórico que consiguió el Gobierno de Aznar y se ha limitado ha señalar que esta decisión proviene de las "autoridades francesas". 

Las fiscalías española y francesa trabajan en la consecución de un acuerdo que permita a España asumir la jurisdicción sobre los delitos imputados en el país galo a los miembros de ETA, Asier Larrinaga y Garikoitz Etxebarria, detenidos el pasado martes al sur de Bayona. De este modo, los terroristas serán juzgados en España por los delitos que se le imputan en Francia. Esta medida se podrá llevar a cabo gracias al acuerdo alcanzado en 2001entre los ministros Ángel Acebes y Marylise Lebranchu. Rubalcaba no ha mencionado nada de este acuerdo histórico que consiguió el Gobierno de Aznar y se ha limitado ha señalar que esta decisión proviene de las "autoridades francesas". 
L D (Europa Press) La cesión de jurisdicción está prevista en los acuerdos que desarrollan la Orden Europea de Detención (OED), si bien hasta el momento esta posibilidad no ha sido nunca aplicada por Francia en beneficio de España, según las mismas fuentes. Por ello, de alcanzarse finalmente un acuerdo, nos encontraríamos con un hito "histórico" en  materia de cooperación judicial internacional.
  
En el caso de los dos presuntos etarras, fueron detenidos portando documentación falsa y llevaban armas, por lo que podrían ser procesados de los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y tenencia de armas. Si el acuerdo prosperase, según Delgado, Francia tendría que denunciar la posible comisión de dichos hechos delictivos a las autoridades españolas, que asumirían la jurisdicción sobre los mismos. En este caso, serían juzgados en España por los citados hechos y nunca tendrían que ser devueltos a Francia, tal y como ocurre en el caso de las entregas temporales.
 
Logro del Gobierno de Aznar
 
La XIV Cumbre Hispana-Francesa, celebrada en 2001 en Perpiñán, se saldó con un resultado especialmente satisfactorio para España. Francia aceptó entregar de forma inmediata toda la documentación, información y elementos de prueba que existan contra ETA. Asimismo, se concretó el acuerdo entre ambos países que permitía que los etarras detenidos en territorio francés por delitos menores y que tengan causas pendientes más importantes en España sean entregados de forma inmediata. A este acuerdo llegó el Gobierno de Aznar. Sin embargo, este jueves el ministro Rubalcaba no ha hecho ninguna mención a este acuerdo, y se ha limitado a señalar que la cesión de los dos etarras es "una decisión de las autoridades francesas" y que serán las autoridades las "que decidan en cada momento".  
 
En 2004 España actuó en favor de Francia
  
El diciembre de 2004, España actuó en favor de Francia en un caso similar, al entregar a las autoridades galas al terrorista de ETA Peio Alcantarilla Mozota, para que fuera juzgado por un tribunal del país vecino por tener allí más elementos de cargo. La entrega a Francia de Alcantarilla fue autorizada a Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al dar luz verde a una orden europea de detención cursada por la juez antiterrorista de París Laurence Le Vert.
  
Alcantarilla no se encontraba en su domicilio francés en octubre de 2005 cuando la policía francesa lo registró en el marco de la "operación Santuario" que supuso la captura de los presuntos máximos dirigentes de ETA, "Antza" y "Anboto". Su esposa, Lourdes Urdanpilleta, que fue detenida, declaró que había salido de madrugada rumbo a Burgos con el camión para recoger mercancía que debía trasladar a Bélgica previo paso por la casa.
  
La Guardia Civil arrestó al transportista en Burgos aquel mismo domingo. Cuatro días después ingresó en prisión incondicional por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que le imputó los delitos de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos. Ingresó en un centro penitenciario francés en enero de 2005.

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