L D (EFE) El portavoz del PP en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, Miguel Barrachina, exigió al Ejecutivo que dé claridad a sus políticas y que no apruebe nuevos reglamentos que permiten regularizaciones masivas, como la que tuvo lugar en 2005. "Todo el mundo es consciente de que el Gobierno volverá a flaquear y llevará a cabo más regularizaciones masivas. La valoración de su política debe ser un cero".
En este sentido, apuntó que desde que el PP dejó el Gobierno en 2004 la percepción de la inmigración como uno de los tres principales problemas por parte de los españoles se ha multiplicado por cinco. A su juicio, la imagen del Gobierno es tan poco fiable que rumanos y búlgaros siguen haciendo colas ante las oficinas de extranjería de algunas provincias, como Castellón, a pesar de que se les ha asegurado que no necesitan realizar ningún trámite como ciudadanos comunitarios.
Política improvisada
Otra prueba del fracaso en la gestión del Gobierno, según advirtió, es que se haya creado una subcomisión del Congreso para estudiar el fenómeno, después de tres años de legislatura. Añadió: "La política de inmigración es una sucesión de fracasos, una absoluta improvisación. Pese a ello, el PP participará en la subcomisión para arrojar luz a este Gobierno, que ha perdido tres años de gestión".
En este sentido, adelantó algunas de las propuestas que defenderán los "populares", entre ellas, un compromiso formal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que no habrá nuevas regularizaciones masivas, así como lograr un compromiso similar del resto de países de la UE. Igualmente, reclamarán un fortalecimiento del control de fronteras, una agilización de las repatriaciones, elaborar una base de datos de inmigrantes irregulares y con órdenes de expulsión y modificar el padrón municipal para que sólo puedan empadronarse los inmigrantes legales.
Responsable único en inmigración
Por otro lado, exigirán un único responsable en materia de inmigración que coordine todas las políticas que afectan al fenómeno, así como coordinar y comunicar a las comunidades autónomas los traslados de inmigrantes a la Península. Además, requerirán un decreto-ley que regule una atención integral y suficiente de los extranjeros en situación irregular en España y fortalecer las acciones diplomáticas tanto en la UE como en los países emisores de inmigración para impedir la llegada de inmigrantes clandestinos.
En opinión del parlamentario del PP, poco se avanzó en este sentido en la pasada Conferencia de Presidentes, en la que este tema era una de las materias cruciales a tratar. En todo caso, defendió que, gobierne quien gobierne, debe revisarse el sistema de financiación autonómica para estudiar el impacto de la población inmigrantes.
Para terminar, comentó: "Es cierto que las arcas del Estado se enriquecen cuando se realiza una regularización porque los trabajadores cotizan a la Seguridad Social, pagan el IVA y el IRPF, que son en su mayoría impuestos estatales. Pero son las comunidades autónomas las que tienen que afrontar el 100 por cien del gasto de estos nuevos ciudadanos, con lo que es necesario un desplazamiento de los ingresos para que puedan hacer frente al mismo".