(Libertad Digital) Según ha publicado El Mundo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución el 11 de enero en la que instaba al Estado a pronunciarse sobre las dos propiedades, una finca en Torrelodones tasada en 1,9 millones de euros y otra en Alpera (Albacete), valorada en 8,5 millones de euros.
La Audiencia, que dictó una pena de siete años de prisión para Vera –que disfruta del tercer grado desde verano– , también ordenó decomisar las dos fincas e inscribirlas a nombre del Estado en 2005, por considerar que fueron compradas con el dinero que el condenado robó de los fondos reservados. Pese a dicha sentencia, Vera disfruta aún de la finca ubicada en Madrid.
El Tribunal indica, además, que el proceso para vender las fincas no tiene por qué ser el de subasta judicial, sino que, al ser ya propiedad del Estado, podrían aplicarse "los mecanismos administrativos de enajenación", con los se obtendría un importe más elevado por ambas propiedades. Un sistema que beneficiaría, además de a las arcas públicas, al propio Vera.