LD (EFE) El magistrado cita al secretario del Consejo de Administración de la filatélica, Joaquín Abajo Quintana; al consejero externo de Afinsa desde enero de 2003, Tomás Olalde Martín; al director de Organización y Medios, Antonio Giménez-Rico Rueda; y a José Fernando Galindo del Río y Francisco Jiménez Marañón, ambos de la dirección corporativa. También deberán declarar Ramón Egurbide Urigoitia, jefe de operaciones en Europa de Escala Group; Esteban Pérez Herrero, consejero de honor de Afinsa y presidente de corporación estratégica de Escala Group; Rafael Pedro Noguero Galilea, director del área económico-financiera de Afinsa; Fernando Burdial Hurdisan, director de la red comercial, y Bernardo Valero Valero, director de control presupuestario y seguimiento estratégico.
Las declaraciones se producirán a lo largo del mes de marzo, según el auto, en el que además se ordena la traducción al castellano de varias cartas, faxes y correos electrónicos en inglés que obran entre la documentación incautada en las sedes madrileñas de Afinsa y Auctentia, negocio de subastas de cuya unión con Greg Manning en 2003 nació Escala Group. En su escrito, Pedraz también ordena que se libre oficio al Juzgado Mercantil 6 de Madrid, que tramita el concurso ordinario de Afinsa, para que le sea remitido a éste el libro de actas del Consejo de Administración de la filatélica, que fue intervenida judicialmente en mayo de 2006.
El auto incorpora un escrito de la Fiscalía, fechado el 31 de enero, en el que se explica que la documentación intervenida en las sedes de Afinsa y los domicilios de los propietarios Albertino de Figueiredo y Juan Antonio Cano y del consejero Carlos de Figueiredo, también imputados, confirma la "extraordinaria magnitud" de la presunta estafa piramidal. Además, la documentación revela que los querellados tenían pleno conocimiento del negocio defraudatorio de captación masiva de ahorro que dirigían y la insostenibilidad del negocio, al tiempo que evidencia la relevante participación que otros altos cargos de Afinsa y Auctentia tuvieron en el diseño y mantenimiento de la presunta estafa.
En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal apunta que la viabilidad del negocio era "puramente temporal" y residía únicamente en la reiteración de la misma defraudación. Añade que la persistente afirmación de los imputados han cumplido con sus compromisos hasta el momento del descubrimiento del delito no impide la tipificación de sus actos y "sólo determina la discriminación de una clase de perjudicados que han sido indemnizados y nada van a reclamar en esta causa. Pero son decenas de miles los demás perjudicados que no pueden obtener ya la devolución de su dinero".
El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción se querelló, además de contra Cano Cuevas, Albertino de Figueiredo y Carlos de Figueiredo, contra el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester.
Las declaraciones se producirán a lo largo del mes de marzo, según el auto, en el que además se ordena la traducción al castellano de varias cartas, faxes y correos electrónicos en inglés que obran entre la documentación incautada en las sedes madrileñas de Afinsa y Auctentia, negocio de subastas de cuya unión con Greg Manning en 2003 nació Escala Group. En su escrito, Pedraz también ordena que se libre oficio al Juzgado Mercantil 6 de Madrid, que tramita el concurso ordinario de Afinsa, para que le sea remitido a éste el libro de actas del Consejo de Administración de la filatélica, que fue intervenida judicialmente en mayo de 2006.
El auto incorpora un escrito de la Fiscalía, fechado el 31 de enero, en el que se explica que la documentación intervenida en las sedes de Afinsa y los domicilios de los propietarios Albertino de Figueiredo y Juan Antonio Cano y del consejero Carlos de Figueiredo, también imputados, confirma la "extraordinaria magnitud" de la presunta estafa piramidal. Además, la documentación revela que los querellados tenían pleno conocimiento del negocio defraudatorio de captación masiva de ahorro que dirigían y la insostenibilidad del negocio, al tiempo que evidencia la relevante participación que otros altos cargos de Afinsa y Auctentia tuvieron en el diseño y mantenimiento de la presunta estafa.
En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal apunta que la viabilidad del negocio era "puramente temporal" y residía únicamente en la reiteración de la misma defraudación. Añade que la persistente afirmación de los imputados han cumplido con sus compromisos hasta el momento del descubrimiento del delito no impide la tipificación de sus actos y "sólo determina la discriminación de una clase de perjudicados que han sido indemnizados y nada van a reclamar en esta causa. Pero son decenas de miles los demás perjudicados que no pueden obtener ya la devolución de su dinero".
El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción se querelló, además de contra Cano Cuevas, Albertino de Figueiredo y Carlos de Figueiredo, contra el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester.