(Libertad Digital) En la misma línea que Hugo Chávez o Evo Morales, el Gobierno español tiene la intención de nacionalizar un recurso mineral, en este caso el agua extraída de los manantiales. De salir adelante la propuesta de Ley de Joan Clos, los actuales dueños dejarían de serlo y pasarían a tener que pagar por hacer uso de lo que hasta el momento es su propiedad. Además de los productores, los perjudicados por esta medida serán los consumidores, que verán reflejado en el coste del agua mineral las tasas que impondrá el Gobierno por "el uso privado del dominio público". Expansión adelantó el pasado viernes el anteproyecto, como también lo hizo el diario La Razón. Según la redacción actual, se impondrá "un canon del uno por ciento del valor del aprovechamiento que revertirá a los ayuntamientos"
Irene Zafra, secretaria general de Empresas de Aguas de Bebida Envasada (Aneabe) ha declarado al diario Expansión que "efectivamente, quien va a pagar la propuesta del Gobierno es el consumidor". Zafra pone dos ejemplos para hacer ver que será eso lo que ocurrirá: el llamado punto verde y que es una tasa por el reciclado de envases se traslada a los precios finales. Y la ecotasa balear también se llevó al precio que paga el consumidor.
Otro de los problemas que podría crear la nacionalización es que las inversiones se realizan en función de la rentabilidad futura de la explotación. Si la empresa no tiene claro que podrá seguir explotando los manantiales, no invertirá para mantener o mejorar la producción. Desde Industria se asegura que "no supone perjuicio económico alguno para quienes se dedican a esta actividad, puesto que en su texto se proponen largos plazos de explotación que evitan tales perjuicios y garantizan las inversiones. Esos plazos son de 60 años, pero igual que el Ministerio ha decidido convertir la propiedad pública en privada, podría revocar la concesión por cualquier motivo, de modo que la seguridad en las inversiones no está garantizada.
"Intervencionista, confiscatoria e inútil"
El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Miguel Ángel Arias Cañete, criticó este viernes los planes del Gobierno por "intervencionista, confiscatorio e inútil". Cañete declaró a la agencia de noticias Europa Press que la futura ley es "intervensionista porque actúa en un área de la economía donde no es necesario que los poderes públicos intervengan, ya que funciona razonablemente bien". Además, la considera "confiscatoria, debido a que transforma un derecho de propiedad plena en una concesión administrativa". E "inútil, porque no consigue ningún resultado para el sector público que pueda beneficiar".
Arias Cañete continuó diciendo que "las expropiaciones, según la Constitución Española, sólo se justifican por razones de interés social o utilidad pública, y en este caso no existen estos elementos".