LD (EFE) El pasado 31 de enero, Bruselas amplió el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a la OPA de la eléctrica alemana, al constatar que el Gobierno no ha retirado las medidas con que modificó en noviembre los requisitos iniciales decididos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La Comisión pidió explicaciones a España al considerar que estas nuevas condiciones también vulneran el reglamento comunitario sobre fusiones, que le otorga facultad exclusiva para aprobar o condicionar este tipo de operaciones desde el punto de vista de su impacto sobre la competencia.
El Gobierno español insiste en cambio en su nueva argumentación en que las condiciones a la OPA son legales pues se basan en competencias relativas a la seguridad del suministro energético exclusivas del Estado. Pese al desacuerdo, el Ejecutivo comunitario aún no ha enviado a España un dictamen motivado pidiendo la retirada de las medidas, segundo paso en los procesos de infracción y que antecede a la apertura de un litigio en el Tribunal de Justicia de la UE.
Fuentes gubernamentales consideran probable que este sea último el escenario en el que concluya la disputa jurídica con la Comisión Europea. En paralelo a este dossier, la Comisión ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y le permitió imponer a la OPA de E.On las condiciones contestadas por Bruselas.
El Gobierno español insiste en cambio en su nueva argumentación en que las condiciones a la OPA son legales pues se basan en competencias relativas a la seguridad del suministro energético exclusivas del Estado. Pese al desacuerdo, el Ejecutivo comunitario aún no ha enviado a España un dictamen motivado pidiendo la retirada de las medidas, segundo paso en los procesos de infracción y que antecede a la apertura de un litigio en el Tribunal de Justicia de la UE.
Fuentes gubernamentales consideran probable que este sea último el escenario en el que concluya la disputa jurídica con la Comisión Europea. En paralelo a este dossier, la Comisión ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y le permitió imponer a la OPA de E.On las condiciones contestadas por Bruselas.