L D (Agencias) Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa celebrada en Moncloa después del Consejo de Ministros, en la que señaló que, una vez analizada la documentación, se ha comprobado que "no existen implicaciones" en la seguridad nacional para su desclasificación. "Por tanto, el Gobierno ha accedido, dando una vez más muestra de la disposición del Gobierno a que la Justicia actúe con total independencia y con todos los recursos disponibles ante el peor atentado de la historia de España", dijo.
En concreto, los documentos que se desclasificarán se refieren a los que incluyen la entrevista que mantuvo el acusado del 11-M José Emilio Suárez Trashorras con agentes del CNI acerca de los atentados perpetrados ese día en Madrid. El tribunal que juzga a los presuntos responsables de ese atentado pidió el pasado 19 de febrero la desclasificación de estos documentos relativos a la entrevista de Trashorras con agentes del CNI el 17 de marzo de 2004.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo esa solicitud al Gobierno, a petición de la defensa del acusado Rafá Zouhier, ex confidente de la Guardia Civil, en una providencia dictada después de que el CNI ya denegara esos documentos al tribunal cuando los pidió por primera el pasado 23 de enero, según fuentes jurídicas.
Según estas fuentes, en esa entrevista, el ex minero asturiano -para quien la fiscal pide la máxima pena por ser la persona que supuestamente suministró los explosivos empleados el 11-M (38.667 años de cárcel)- hizo referencia a la venta de explosivos a Jamal Ahmidan, "El Chino", uno de los siete fallecidos en Leganés (Madrid).
En concreto, los documentos que se desclasificarán se refieren a los que incluyen la entrevista que mantuvo el acusado del 11-M José Emilio Suárez Trashorras con agentes del CNI acerca de los atentados perpetrados ese día en Madrid. El tribunal que juzga a los presuntos responsables de ese atentado pidió el pasado 19 de febrero la desclasificación de estos documentos relativos a la entrevista de Trashorras con agentes del CNI el 17 de marzo de 2004.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo esa solicitud al Gobierno, a petición de la defensa del acusado Rafá Zouhier, ex confidente de la Guardia Civil, en una providencia dictada después de que el CNI ya denegara esos documentos al tribunal cuando los pidió por primera el pasado 23 de enero, según fuentes jurídicas.
Según estas fuentes, en esa entrevista, el ex minero asturiano -para quien la fiscal pide la máxima pena por ser la persona que supuestamente suministró los explosivos empleados el 11-M (38.667 años de cárcel)- hizo referencia a la venta de explosivos a Jamal Ahmidan, "El Chino", uno de los siete fallecidos en Leganés (Madrid).