(Libertad Digital) El policía, del que no se indica el nombre ni se muestra su rostro, ha insistido en que había varias líneas de investigación que no se unificaron hasta la aparición de los "suicidas" de Leganés. "Las líneas no tenían vinculación entre ellas", ha reiterado, hasta "el nexo común" de la explosión en el piso de la calle Carmen Martín Gaite.
Los primeros datos sobre los explosivos
Al término del interrogatorio de la fiscal el policía ha querido indicar que tras la detención de Trashorras y Toro, "por indicación de la superioridad, toda la investigación de los explosivos pasa a la Guardia civil". Tras este inciso, le ha tocado el turno a la Abogacía del Estado y a la acusación particular.
El policía ha contestado a preguntas sobre una posible participación de terroristas suicidas, ha indicado que "si hubiera habido alguna indicación, era un signo directo de atentado islamista". "En ningún momento tuve conocimiento de nada que pudiera indicar que eso había sido así", ha revelado. Además, el testigo se ha referido a las informaciones que le llegaron sobre el tipo de explosivo que estalló el 11-M. "A mí las informaciones sobre el explosivo me llegaban a través del comisario general y entendí que partían de los Tedax", ha contestado.
La finca de Morata, localizada en 2003
El instructor jefe de la investigación del 11-M ha reconocido que la Policía localizó por primera vez en 2003 la finca de Morata en la que, según la versión oficial, se montaron las bombas. Sin embargo, la investigación quedó "en suspenso" porque huyó a Marruecos el sospechoso que la había alquilado en 2002, Mustafa El Maymouni, encarcelado en ese país.
Sobre la supuesta exclusiva que estuvo difundiendo la Ser tras los atentados y antes de las elecciones: la presencia de terroristas suicidas en los trenes, el inspector ha aclarado que el 13 de marzo de 2004 la Policía no barajó ningún dato en esa dirección: "Ese es un dato que lógicamente esperábamos desde el primer día, porque si lo hubiera habido era signo directo de que el atentado era obra de islamistas; pero, en ningún momento se tuvo conocimiento de que lo hubiera".
Las defensas de los acusados mencionados por el inspector durante su declaración a la Fiscalía solicitaron precisiones sobre las afirmaciones realizadas por el funcionario policial, que aludió en todo los casos al desconocimiento sobre los hechos cuestionados, alegando que únicamente participó en interrogatorios como instructor o secretario judicial de determinadas diligencias.
Sobre la supuesta exclusiva que estuvo difundiendo la Ser tras los atentados y antes de las elecciones: la presencia de terroristas suicidas en los trenes, el inspector ha aclarado que el 13 de marzo de 2004 la Policía no barajó ningún dato en esa dirección: "Ese es un dato que lógicamente esperábamos desde el primer día, porque si lo hubiera habido era signo directo de que el atentado era obra de islamistas; pero, en ningún momento se tuvo conocimiento de que lo hubiera".
El inspector detalló --remitiéndose a sus funciones como secretario judicial en distintas diligencias-- el proceso llevado a cabo para identificar a los autores a través del tráfico de las tarjetas telefónicas de los móviles, así como la interrelación y conexiones entre los diversos miembros de la célula a través del registro de llamadas y de los números localizados en las agendas de sus teléfonos.
También aclaró las diligencias y la documentación existente respecto a varias comisiones rogatorias destinadas a rastrear el tráfico de llamadas del acusado Hassan el Haski, presunto autor intelectual de los atentados y para el que la Fiscalía solicita una pena de 38.656 años de prisión. Además, explicó, entre otros pormenores, que gracias a la declaración de un testigo protegido, la Policía concretó la constitución de la célula de Villaverde (Madrid) en el 2002, mediante la celebración de una serie de reuniones en un piso de la localidad organizadas por Mustaphá El Maimouni, encarcelado actualmente en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca.
También declaró un inspector de la UCIE que detalló que, por entonces, también se constituyó la célula del barrio de Lavapiés con la presencia del procesado por 191 asesinatos terroristas y otros 1755 en grado de tentativa, Jamal Zougam. Otra de las líneas de su declaración fue la referente a las diligencias elaboradas en colaboración con países europeos, sobre los contactos telefónicos de los procesados Abdelmajid Bouchard y Youssef Belhadj, y su vinculación con varios miembros de las células que intervinieron en la organización de la masacre de Atocha.
En lo referente a la investigación de Leganés y en su papel de secretario, el inspector precisó que fue el mismo día --el 3 de abril del 2004-- en que se suicidaron en Leganés siete de los terroristas que participaron en el atentado el momento en que se iniciaron los trámites para averiguar quién contrató el alquiler de la vivienda. También detalló que fue en esa fecha cuando se inician las pesquisas para corroborar quienes habían tenido contacto con los terroristas suicidas durante su estancia en el inmueble.