(Libertad Digital) El Boletín Oficial del Estado, número 311, publicado el 29 de diciembre de 2006 en la página 46309, refleja la concesión de cinco millones de euros a la Seguridad Social para la "mejora de la pensión" de las personas que enseñaron euskera y que no fueron "dados de alta en la Seguridad social" como consecuencia de "la clandestinidad en la que se desenvolvió dicha actividad". Este dato aparece recogido en la disposición adicional 55 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En este texto se puede leer que "se considerarán como cotizados a la Seguridad Social los periodos de dedicación a la enseñanza del euskera de aquellas personas que realizaron dicha actividad profesional sin poder ser dadas de alta en el sistema".
La disposición adicional quincuagésima quinta de la Ley 42/2006 refleja claramente el deseo del Gobierno de que "en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley" se aprueben "las disposiciones normativas necesarias para establecer los términos y condiciones" para computar como "cotizados a la Seguridad Social" los periodos en los que algunas personas enseñaron el euskera de forma clandestina.
Para poder hacer efectiva esta disposición, el Gobierno prevé que el "coste de la mejora de la pensión" sea "financiado por una transferencia finalista del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, por importe de 5.000.000 de euros". La disposición concluye facultando "al Gobierno para que, en el plazo de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, dicte las normas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta disposición adicional".
A continuación se reproduce la parte del BOE que recoge esta disposición quincuagésimo quinta.
Primera parte:
pinche aquí para ampliar
Segunda parte:
pinche aquí para ampliar
Política de ayudas
El pasado 1 de febrero de 2007 se hicieron públicos unos datos que ponían negro sobre blanco en temas de ayudas. En este caso ayudas a las familias. Los citados datos resaltaban que las familias españolas necesitarían concebir al menos doce hijos para recibir las mismas ayudas que una familia con dos descendientes en Alemania.
Las víctimas del 11-M han visto como pasaban más de dos años desde que estallaron los trenes sin recibir las ayudas que gestionaba el ministro de trabajo Jesús Caldera. El 29 de diciembre de 2005, el Partido Socialista del País Vasco, encabezado por Patxi López, pactó y votó a favor de los presupuestos vascos que incluían ayudas a los presos de ETA. La vicepresidenta De la Vega dijo entonces que "lo que hayan suscrito, bien suscrito está". Unos días antes, la AVT había denunciado la "indecencia" de los socialistas vascos por pactar las ayudas a las familias de los presos etarras en los presupuestos.
El pasado 14 de noviembre de 2005, justo dos días después de la masiva manifestación contra la LOE, la vicepresidenta Fernández de la Vega no dudó en mostrar su disgusto amenazando a la Iglesia con mermarle las ayudas. El ministro Caldera, por su parte, no ha dudado en justificar el recorte de ayudas destinadas a la AVT diciendo que esta asociación recibía ayudas "por otra vía", esto sucedía el 22 de mayo de 2005.