LD (EFE) El pasado 21 de febrero, el Ejecutivo español envió un escrito a la CE en el que recalcaba que los requisitos exigidos a E.On se ajustan a la normativa europea vigente. En ese escrito se insistía en que las competencias relativas a la seguridad del suministro energético son competencia exclusiva de los Estados, en este caso de España. El ejecutivo comunitario envió a Madrid un "dictamen motivado" -el segundo paso en los procedimientos sancionadores- por la vulneración del artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.
Bruselas recuerda que, primero en septiembre y después en diciembre de 2006, declaró "ilegales" la mayoría de los requisitos fijados en primer término por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y posteriormente modificados por el Ministerio de Industria.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy en Berlín que "la naturaleza de la disputa jurídica" con la Comisión Europea "no afecta a las pretensiones de E.On" sobre la eléctrica española Endesa. "La disputa que tenemos con Bruselas es una disputa que probablemente procederá ante el Tribunal de Luxemburgo porque es una disputa de fondo jurídico", dijo Clos en una rueda de prensa con motivo de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB). El ministro añadió que la disputa no tiene consecuencias prácticas inmediatas ni sobre la OPA de E.On ni sobre ninguna de las opas o compras y ventas que se puedan producir"
Bruselas recuerda que, primero en septiembre y después en diciembre de 2006, declaró "ilegales" la mayoría de los requisitos fijados en primer término por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y posteriormente modificados por el Ministerio de Industria.
La Comisión Europea (CE) intensificó hoy la presión sobre España para que retire de una vez las medidas "ilegales" impuestas a la OPA de E.On sobre Endesa y le advirtió de que, si no lo hace en siete días laborables, podrá llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. El ejecutivo comunitario envió a Madrid un "dictamen motivado" -el segundo paso en los procedimientos sancionadores- por vulnerar el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.
La CE da a las autoridades españolas un plazo excepcionalmente corto para acatar su decisión, hasta el 16 de marzo, frente a los dos meses habituales, con el argumento de que ya han tenido "mucho tiempo" para responder a los requerimientos previos y, en definitiva, para suprimir las condiciones. Desde España, el Ministerio de Industria insistió en que los requisitos para autorizar la OPA del grupo alemán sobre Endesa se ajustan a la normativa europea y restó importancia al hecho de tener que dirimir sus diferencias con Bruselas ante la Justicia europea.
La Comisión recordó que, primero en septiembre y después en diciembre de 2006, declaró "ilegales" la mayoría de las medidas establecidas en primer término por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y posteriormente por Industria. El ejecutivo de la UE hizo hincapié en que la decisión del Ministerio que suprimió parte de las condiciones impuestas por la CNE y modificó otras "no fue suficiente" para cumplir con su petición anterior de retirada de las medidas ilegales.
Las exigencias españolas que suscitan más preocupación al ejecutivo comunitario son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Bruselas quiso dejar claro que su decisión de intensificar la presión sobre España para que retire los obstáculos injustificados a la OPA de E.On no tiene nada que ver con los últimos movimientos empresariales en torno al caso e insistió en su absoluta neutralidad sobre quién se hace con el control de Endesa.
Según el portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, la entrada de la italiana Enel en la pugna por la eléctrica española es "totalmente irrelevante" en este procedimiento y no ha condicionado la decisión de imponer un plazo especialmente corto para responder. Desde la Comisión, incidieron en que este punto depende de la urgencia de cada caso y recordaron otro procedimiento, el abierto contra Portugal por las restricciones al BSCH cuando quiso tomar el control del banco Champalimaud, en el que se actuó también con mucha premura.
Otras fuentes comunitarias incidieron en que Bruselas se ha esforzado en este caso por dar a España la oportunidad de justificar su actuación y replicar a sus sucesivas decisiones y lamentaron que Madrid haya ignorado "flagrantemente" sus dictámenes. Estas fuentes vaticinaron que el Gobierno español tampoco acatará esta última decisión de Bruselas, por lo que el caso acabará, con toda seguridad, ante la corte europea, cuya sentencia se demorará en torno a dos años. Se mostraron, por último, convencidas de que la Comisión adoptará la decisión de llevar a España ante la Justicia europea antes de que acabe marzo.
Las autoridades españolas ya se enfrentan a otra denuncia ante el Tribunal de la UE por la ampliación de las competencias de la CNE -aprobada de urgencia tras conocerse las intenciones de E.On de hacerse con Endesa- que permitió a este organismo fijar requisitos a la OPA del grupo alemán. Según el ejecutivo comunitario, el decreto-ley que amplió los poderes del regulador español infringe los principios de libre circulación de capitales y sobre derecho de establecimiento recogidos en los tratados.
La CE da a las autoridades españolas un plazo excepcionalmente corto para acatar su decisión, hasta el 16 de marzo, frente a los dos meses habituales, con el argumento de que ya han tenido "mucho tiempo" para responder a los requerimientos previos y, en definitiva, para suprimir las condiciones. Desde España, el Ministerio de Industria insistió en que los requisitos para autorizar la OPA del grupo alemán sobre Endesa se ajustan a la normativa europea y restó importancia al hecho de tener que dirimir sus diferencias con Bruselas ante la Justicia europea.
La Comisión recordó que, primero en septiembre y después en diciembre de 2006, declaró "ilegales" la mayoría de las medidas establecidas en primer término por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y posteriormente por Industria. El ejecutivo de la UE hizo hincapié en que la decisión del Ministerio que suprimió parte de las condiciones impuestas por la CNE y modificó otras "no fue suficiente" para cumplir con su petición anterior de retirada de las medidas ilegales.
Las exigencias españolas que suscitan más preocupación al ejecutivo comunitario son: obligar a E.On a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Bruselas quiso dejar claro que su decisión de intensificar la presión sobre España para que retire los obstáculos injustificados a la OPA de E.On no tiene nada que ver con los últimos movimientos empresariales en torno al caso e insistió en su absoluta neutralidad sobre quién se hace con el control de Endesa.
Según el portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, la entrada de la italiana Enel en la pugna por la eléctrica española es "totalmente irrelevante" en este procedimiento y no ha condicionado la decisión de imponer un plazo especialmente corto para responder. Desde la Comisión, incidieron en que este punto depende de la urgencia de cada caso y recordaron otro procedimiento, el abierto contra Portugal por las restricciones al BSCH cuando quiso tomar el control del banco Champalimaud, en el que se actuó también con mucha premura.
Otras fuentes comunitarias incidieron en que Bruselas se ha esforzado en este caso por dar a España la oportunidad de justificar su actuación y replicar a sus sucesivas decisiones y lamentaron que Madrid haya ignorado "flagrantemente" sus dictámenes. Estas fuentes vaticinaron que el Gobierno español tampoco acatará esta última decisión de Bruselas, por lo que el caso acabará, con toda seguridad, ante la corte europea, cuya sentencia se demorará en torno a dos años. Se mostraron, por último, convencidas de que la Comisión adoptará la decisión de llevar a España ante la Justicia europea antes de que acabe marzo.
Las autoridades españolas ya se enfrentan a otra denuncia ante el Tribunal de la UE por la ampliación de las competencias de la CNE -aprobada de urgencia tras conocerse las intenciones de E.On de hacerse con Endesa- que permitió a este organismo fijar requisitos a la OPA del grupo alemán. Según el ejecutivo comunitario, el decreto-ley que amplió los poderes del regulador español infringe los principios de libre circulación de capitales y sobre derecho de establecimiento recogidos en los tratados.
Clos asegura disputa jurídica con CE no afecta a pretensiones de E.On