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Industria desafía a Bruselas negándose a retirar las condiciones a la OPA de E.On

La carta que el Gobierno ha enviado a la CE insiste en que las condiciones impuestas a la OPA de E.On se ajustan plenamente a la normativa comunitaria, por lo que no se retirarán, según fuentes del Ministerio de Industria. El pasado 7 de marzo, la CE dio siete días laborables al Ejecutivo español para retirar las condiciones exigidas a E.On, plazo que concluye este viernes. El portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd, ha confirmado que el Ejecutivo comunitario estudiará "con detenimiento" la respuesta de Madrid, aunque desde Bruselas ya han advertido que de insistir en el mantenimiento de las condiciones, el asunto terminará en el tribunal de Luxemburgo.

La carta que el Gobierno ha enviado a la CE insiste en que las condiciones impuestas a la OPA de E.On se ajustan plenamente a la normativa comunitaria, por lo que no se retirarán, según fuentes del Ministerio de Industria. El pasado 7 de marzo, la CE dio siete días laborables al Ejecutivo español para retirar las condiciones exigidas a E.On, plazo que concluye este viernes. El portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd, ha confirmado que el Ejecutivo comunitario estudiará "con detenimiento" la respuesta de Madrid, aunque desde Bruselas ya han advertido que de insistir en el mantenimiento de las condiciones, el asunto terminará en el tribunal de Luxemburgo.
LD (EFE) Todd no detalló los argumentos empleados por el Gobierno español, pero, según Industria, la carta se reafirma en los términos de las comunicaciones anteriores.

El Ejecutivo español ha insistido que las condiciones impuestas a E.On cumplen la legislación europea y en que su postura se basa en razones demostrables. En cartas anteriores, el Gobierno había recalcado que la seguridad del suministro energético es competencia exclusiva de los Estados.

Con esta respuesta, todo indica que las diferencias de criterio entre Madrid y Bruselas se resolverán en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), una posibilidad que el Gobierno español contempla con naturalidad. El Tribunal de Luxemburgo puede tardar hasta dos años en dictar sentencia sobre este asunto.

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