(Libertad Digital) En un auto del Tribunal Supremo de hace tres años, se eximió a José María Aznar y a sus ministros de cualquier responsabilidad penal por el apoyo de su gobierno, junto con otros 57 países, al esfuerzo aliado para derrocar la tiranía de Sadam Huseín en una guerra de la que se han cumplido cuatro años. Según ha informado este jueves el diario La Razón, el Tribunal Supremo ha resuelto archivar la querella contra José María Aznar, así como contra sus ministros de Exteriores (Ana de Palacio) y Defensa (Federico Trillo), recordando en su auto que cualquier acusación "por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con aprobación de la mayoría absoluta".
El diario recuerda que un auto del Tribunal Supremo de hace tres años, promovido entonces por Cándido Conde Pumpido, dificultaba la posibilidad de llevar a Aznar ante el Tribunal Penal Internacional. El auto señaló que los crímenes que se le imputaban (bombardeos sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y utilización de medios prohibidos) "no son penalmente imputables a los querellados".
El mismo diario considera que "la campaña del PSOE del 'no a la guerra' parece haber olvidado que en el mes de junio de 2004 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero participó activamente –como recuerda el PP en su resolución en apoyo a la misión española en Afganistán- en la legitimación de la intervención en Irak". El motivo es que Zapatero apoyó entonces la resolución 1546 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que "una vez más avalaba la presencia internacional de nuestras tropas", señala el PP en su escrito, "y hacía un llamamiento a la comunidad internacional para incrementar la cantidad de las mismas".
Medalla del Congreso a Aznar
Por otro lado, un juez de Madrid ha archivado las actuaciones por la concesión de la medalla del Congreso de EEUU al ex presidente del Gobierno José María Aznar al considerar que los hechos no constituyen delito, en un auto en el que destaca los "beneficios diplomáticos" de esa distinción. De acuerdo con la posición de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento de las actuaciones, el juez de instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra Aznar por los presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la concesión de la citada distinción.
El abogado José Luis Mazón presentó una querella contra Aznar en diciembre de 2005 en la que denunciaba el gasto de 2,3 millones de euros efectuado por la Administración española para el pago de abogados americanos para la concesión de la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos. En un auto el juez relata que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 por el que se aprobó un gasto de dos millones de euros entre los dos años siguientes para contratar unos servicios de asesoría legal con el fin de efectuar un "plan de presencia en Estados Unidos".
Según el juez, aunque no se ha contrastado oficialmente ni el documento de contratación de los abogados ni los otros unidos a la denuncia, "lo cierto es que difícilmente se puede deslindar ese gasto de su contenido político". El auto sostiene que el hecho de que el presidente del Gobierno de España en ese momento obtuviese el reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos "podrá gustar o no al denunciante, pero no puede dudarse del beneficio diplomático que se obtenía con ello". "El otorgamiento de la medalla en cuestión se enmarcaba por lo tanto dentro del plan aprobado por el Consejo de Ministros y, desde luego, suponía una vía de presencia en los Estados Unidos", recalca el juez.
Mamán descarta tanto la existencia de un delito de malversación como de falsedad y dice que los documentos presentados como facturas por el denunciante no son tales sino informes descriptivos de la labor realizada por los abogados. Los letrados que presentaron la querella José Luis Mazón y Encarnación Martínez han recurrido el archivo decretado por el juez ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que alega la "imposibilidad técnica" de inadmitir una querella cuando existen unas diligencias previas abiertas por el anterior titular del Juzgado en 2005.
El abogado José Luis Mazón presentó una querella contra Aznar en diciembre de 2005 en la que denunciaba el gasto de 2,3 millones de euros efectuado por la Administración española para el pago de abogados americanos para la concesión de la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos. En un auto el juez relata que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 por el que se aprobó un gasto de dos millones de euros entre los dos años siguientes para contratar unos servicios de asesoría legal con el fin de efectuar un "plan de presencia en Estados Unidos".
Según el juez, aunque no se ha contrastado oficialmente ni el documento de contratación de los abogados ni los otros unidos a la denuncia, "lo cierto es que difícilmente se puede deslindar ese gasto de su contenido político". El auto sostiene que el hecho de que el presidente del Gobierno de España en ese momento obtuviese el reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos "podrá gustar o no al denunciante, pero no puede dudarse del beneficio diplomático que se obtenía con ello". "El otorgamiento de la medalla en cuestión se enmarcaba por lo tanto dentro del plan aprobado por el Consejo de Ministros y, desde luego, suponía una vía de presencia en los Estados Unidos", recalca el juez.
Mamán descarta tanto la existencia de un delito de malversación como de falsedad y dice que los documentos presentados como facturas por el denunciante no son tales sino informes descriptivos de la labor realizada por los abogados. Los letrados que presentaron la querella José Luis Mazón y Encarnación Martínez han recurrido el archivo decretado por el juez ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que alega la "imposibilidad técnica" de inadmitir una querella cuando existen unas diligencias previas abiertas por el anterior titular del Juzgado en 2005.