(Libertad Digital) Lo que había sido considerado por el equipo saliente del Gobierno Foral de Guipúzcoa como “irregularidades administrativas” en la gestión de la Oficina de Hacienda de Irún, adscrita a la institución provincial de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se ha destapado finalmente como un grave y escandaloso caso de corrupción al más alto nivel, que ha salpicado a varios altos cargos del PNV y ha llegado a provocar la dimisión del hasta ahora senador nacionalista Víctor Bravo.
Cerca de 5 millones de euros ha dejado de ingresar la Hacienda Foral guipuzcoana por la malversación de fondos que, a través de una compleja trama de empresas para el blanqueo de capitales, tiene como protagonistas principales a varios miembros del PNV, que gobierna en coalición con EA la institución provincial de Guipúzcoa, la Diputación Foral.
El caso se remonta al periodo comprendido entre 1995 y 2004, cuando el ex senador del PNV Víctor Bravo era director general de la Hacienda Foral, y su hermano, José María Bravo, uno de los actuales imputados por el fiscal, era director de la Oficina de Hacienda Foral de Irún. Durante todo ese tiempo, los cuatro imputados por el fiscal se valían de su acceso directo a la información tributaria para reclamar pagos de deudas a contribuyentes morosos, a los que cobraban una cantidad rebajada que, sin embargo, no se ingresaba posteriormente en la Hacienda foral.
El actual Gobierno Foral decidió llevar a cabo una auditoría interna del año 2003 de las bajas por insolvencia. Esta auditoría generó un informe que mostró presuntas irregularidades administrativas en la oficina tributaria de Irún, pero sin embargo terminó archivado en diciembre de 2005 por resolución del director general de Finanzas y Presupuestos, Asier Esnal. Nueve meses después, el informe de la auditoría pasó a la Fiscalía, que confirmó la gravedad del caso durante la investigación, cuyas primeras conclusiones han sido difundidas esta misma semana.
Ahora las investigaciones judiciales deberán esclarecer, además, si algunos de los contribuyentes que saldaron sus deudas con la Hacienda Foral abonando cantidades rebajadas son también partícipes en esta trama, dado que fueron declarados insolventes tras ingresar cantidades muy inferiores a las adeudadas, cantidades que fueron directamente sustraídas por los imputados.