LD (Víctor Gago) Más de 300 objeciones en un solo día y en un mismo municipio, la localidad cordobesa de Lucena. Así han respondido estas familias a las reincidentes amenazas del Ministerio de Educación a quienes ejerzan el derecho constitucional a la Objeción de Conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El número de objeciones no deja de crecer a diario, a medida que las Comunidades Autónomas van aprobando los currículos de la asignatura y se van conociendo sus objetivos, enfoques y contenidos concretos.
El Foro Español de la Familia ha indicado este mismo miércoles que el número de objeciones notificadas a esta plataforma supera ya las 6.000, lo que implica que, seguramente, el número de objeciones realmente formalizadas será significativamente mayor, ya que no todas se notifican al Foro Español de la Familia.
Sólo en los primeros siete días de junio, se presentaron más de 3.500 objeciones, según informó LIBERTAD DIGITAL el pasado día 8.
La ministra en persona, ante el creciente movimiento cívico contra el adoctrinamiento ideológico y moral de los escolares por el Estado, amenazó este miércoles con no graduar a quienes se declaren objetores.
La advertencia carece de fundamento legal, tal y como han advertido las distintas plataformas cívicas de oposición a EpC. La Reforma educativa aprobada por el Gobierno socialista, si de algo adolece, es de rigor en los requisitos de promoción de curso.
Tal y como ha advertido este miércoles la opositora Unión Democrática de Estudiantes, en una nota a la que ha tenido acceso LIBERTAD DIGITAL, la ministra ha incurrido en la paradoja de anunciar que incumplirá su propia Ley, al no graduar a alumnos que no asistan a una asignatura, cuando la LOE contempla la promoción de curso hasta con tres suspensos.
En Lucena (Córdoba), se presentaron este miércoles 300 declaraciones de objeción de conciencia ante colegios en su mayoría públicos, según informó a LD la Plataforma Lucentina por la Libertad de Educación, una de las muchas asociaciones cívicas que están naciendo y organizándose para proteger a sus hijos de una materia que transmite una moral y una ideología de Estado a niños de Primaria, ESO y Bachillerato.
El portavoz de la Plataforma, José Antonio Ruiz, leyó un comunicado en el que recordó que la Constitución, Artículo 27.3, garantiza "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
La Plataforma cordobesa "ha rechazado la intromisión del Estado en la educación moral de los hijos y la ideología laicista de esta signatura", según indica en un comunicado transmitido a LD.
También constata que EpC, "según se va conociendo, está ganándose el rechazo de muchísimos padres y madres".
La objeción entre alumnos, sobre todo de Bachillerato, también ha empezado a propagarse, a partir del ejemplo de Blanca María Díez Ponce, una alumna de Primero de Bachillerato de Madrid que fue la primera escolar en declararse objetora a la nueva asignatura.
"Muchísimos padres se están dirigiendo a nosotros preocupados por los contenidos de la asignatura y solicitando información para acogerse a la objeción de conciencia. Esto no ha hecho más que empezar", indicó el mismo portavoz de la Plataforma Lucentina por la Libertad de Educación.
Como en la inmensa mayoría de los casos de objeción, los padres de Lucena no se oponen a que sus hijos reciban una formación sustitutiva de EpC que "esté de acuerdo con las convicciones de los padres" o que, al menos, respete el deber de neutralidad de la Instrucción pública.