L D (EFE) Así lo anunció este viernes el portavoz del Consell en funciones, Vicente Rambla, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo valenciano. Según Rambla, del estudio y análisis jurídico llevado a cabo por la Abogacía General de la Generalidad se desprende que es necesario ese recurso de inconstitucionalidad "por cuanto el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía ha roto unilateralmente el consenso alcanzado en todos los anteriores Acuerdos sobre las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómica".
La interposición de este recurso, que deberá realizarse previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu, se justifica en que corresponde al Gobierno valenciano "defender la gestión de sus propios intereses, en lo relativo a la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio y financiación de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía".
La Ley Orgánica que reforma el Estatuto andaluz "incide directamente en la esfera de intereses de la Comunitat, afectando a su propio ámbito de autonomía en cuanto que puede suponer una reforma del régimen de financiación autonómica que lleva aparejada unos efectos contraproducentes respecto al sistema de financiación de nuestra Comunitat", señala el texto aprobado hoy por el Consell.
Así, el Ejecutivo autonómico entiende que la disposición adicional tercera de la citada reforma estatutaria "puede afectar a los recursos económicos incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, que es también potencial destinataria de estos recursos públicos". Concretamente, en su apartado segundo, se señala que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años", lo cual "contradice abiertamente -según la Generalitat- el sistema de financiación autonómica" y se impone "unilateralmente".
Supone, señaló Rambla, "un absoluto desconocimiento del principio de coordinación de la Hacienda estatal con las autonómicas, y de éstas entre sí, al desplegar en la vertiente del gasto público, el compromiso, solamente aplicable a esta Comunidad Autónoma, de determinados privilegios e inversión estatal que no resultan de aplicación en las restantes comunidades".
La aprobación "sin coordinación alguna con el resto de comunidades" de un nuevo Estatuto para Andalucía que introduce previsiones normativas de influencia directa en la Hacienda estatal, exclusivas para esta Comunidad y por un prolongado periodo de tiempo de siete años, "afecta a la Hacienda de cada autonomía y es discriminatoria hacia los intereses valencianos en particular".
Por esta razón, el Consell concluye que su aprobación, "condicionando abiertamente el ejercicio de sus respectivas competencias, tergiversa el régimen de distribución competencial entre el Estado y el conjunto de autonomías de régimen común, previsto en la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".
El sistema andaluz de financiación autonómica "vulnera diversos derechos recogidos en la Constitución", como los principios de solidaridad entre todas las comunidades, de separación de poderes, de distribución de competencias y de lealtad institucional y constitucional.
Rambla enmarcó esta decisión en la tomada con otros estatutos, como el catalán y otros que "se están estudiando", con lo que se persigue que ninguna Comunidad pueda fijar unilateralmente sus criterios de financiación, especialmente cuando se está "a las puertas" de una modificación del modelo de financiación autonómica.
Preguntado sobre el apoyo del presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Francisco Camps, a su homólogo andaluz, Javier Arenas, durante la negociación de la reforma estatutaria, señaló que ese respaldo era "general" hacia el criterio político del PP andaluz y "nunca" tuvo una "declaración expresa" sobre el criterio recurrido. "Lo primero que somos es (miembros del) Gobierno de cinco millones de valencianos, y luego militantes del PP", dijo Rambla, para quien "la principal diferencia" entre el PPCV y el PSPV es que el primero defiende los intereses valencianos y, después, intenta que sean compatibles con los del partido.
La interposición de este recurso, que deberá realizarse previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu, se justifica en que corresponde al Gobierno valenciano "defender la gestión de sus propios intereses, en lo relativo a la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio y financiación de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía".
La Ley Orgánica que reforma el Estatuto andaluz "incide directamente en la esfera de intereses de la Comunitat, afectando a su propio ámbito de autonomía en cuanto que puede suponer una reforma del régimen de financiación autonómica que lleva aparejada unos efectos contraproducentes respecto al sistema de financiación de nuestra Comunitat", señala el texto aprobado hoy por el Consell.
Así, el Ejecutivo autonómico entiende que la disposición adicional tercera de la citada reforma estatutaria "puede afectar a los recursos económicos incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, que es también potencial destinataria de estos recursos públicos". Concretamente, en su apartado segundo, se señala que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años", lo cual "contradice abiertamente -según la Generalitat- el sistema de financiación autonómica" y se impone "unilateralmente".
Supone, señaló Rambla, "un absoluto desconocimiento del principio de coordinación de la Hacienda estatal con las autonómicas, y de éstas entre sí, al desplegar en la vertiente del gasto público, el compromiso, solamente aplicable a esta Comunidad Autónoma, de determinados privilegios e inversión estatal que no resultan de aplicación en las restantes comunidades".
La aprobación "sin coordinación alguna con el resto de comunidades" de un nuevo Estatuto para Andalucía que introduce previsiones normativas de influencia directa en la Hacienda estatal, exclusivas para esta Comunidad y por un prolongado periodo de tiempo de siete años, "afecta a la Hacienda de cada autonomía y es discriminatoria hacia los intereses valencianos en particular".
Por esta razón, el Consell concluye que su aprobación, "condicionando abiertamente el ejercicio de sus respectivas competencias, tergiversa el régimen de distribución competencial entre el Estado y el conjunto de autonomías de régimen común, previsto en la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".
El sistema andaluz de financiación autonómica "vulnera diversos derechos recogidos en la Constitución", como los principios de solidaridad entre todas las comunidades, de separación de poderes, de distribución de competencias y de lealtad institucional y constitucional.
Rambla enmarcó esta decisión en la tomada con otros estatutos, como el catalán y otros que "se están estudiando", con lo que se persigue que ninguna Comunidad pueda fijar unilateralmente sus criterios de financiación, especialmente cuando se está "a las puertas" de una modificación del modelo de financiación autonómica.
Preguntado sobre el apoyo del presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Francisco Camps, a su homólogo andaluz, Javier Arenas, durante la negociación de la reforma estatutaria, señaló que ese respaldo era "general" hacia el criterio político del PP andaluz y "nunca" tuvo una "declaración expresa" sobre el criterio recurrido. "Lo primero que somos es (miembros del) Gobierno de cinco millones de valencianos, y luego militantes del PP", dijo Rambla, para quien "la principal diferencia" entre el PPCV y el PSPV es que el primero defiende los intereses valencianos y, después, intenta que sean compatibles con los del partido.