LD (EFE) El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha archivado las actuaciones contra el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y tres gestores de la compañía por un presunto delito de estafa, al entender que no tenían "voluntad de incumplir los compromisos" con más de 60.000 viajeros. Así lo indica el juez Grande-Marlaska en un auto, conocido este viernes, en el que decide el "sobreseimiento libre" de esta causa abierta, hace seis meses, tras una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid al deducir que los ejecutivos de Air Madrid vendieron billetes a miles de clientes pese a saber que la compañía tenía que parar sus vuelos.
Esta suspensión, motivada entre otros motivos por un agujero patrimonial superior a los 30 millones de euros reconocido por la empresa, provocó que más de 60.000 pasajeros se quedasen sin poder viajar entre España y varios países de Iberoamérica a finales del año pasado.
"No tuvo voluntad" de incumplir sus compromisos
Según el juez, de los testimonios de los imputados y testigos y las pruebas aportados a la Audiencia Nacional "no puede inferirse en modo razonable que Air Madrid tuviera una voluntad concreta y previa de incumplir los compromisos adquiridos ni de no subsanar las anomalías detectadas" en la gestión de los vuelos que motivó, posteriormente, su suspensión de actividades en diciembre de 2006.
En su auto, el juez Grande Marlaska indica que la mayor parte de la facturación de la venta de billetes del mes de noviembre de 2006 se generó a través de las agencias de viajes, por lo que, este dinero, "no entró nunca en las cuentas o depósitos bancarios de Air Madrid" durante la crisis, sino que lo hizo ya cuando se tramitó la insolvencia por un juzgado mercantil. Además, el juez afirma que los ejecutivos de Air Madrid imputados no faltaron "a sus deberes de información con los clientes", porque hasta el 12 de diciembre de 2006 -fecha en la que se produjo la suspensión de sus licencias-, no fue requerida por el Ministerio de Fomento para que comunicase la mala situación de la compañía a sus clientes.
Tampoco, a juicio del juez, puede derivarse de la investigación realizada una "voluntad inicial de incumplimiento" por parte de los gestores, dado que el Ministerio de Fomento dejó transcurrir una semana, desde su inspección de la compañía (el 4 de diciembre) hasta la revocación de la licencia de "gestión de aeronavilidad", el 12 de diciembre de 2006. Además -explica el auto- "la razón del expediente administrativo que derivó en la suspensión de actividades no se encontraba articulado en incumplimientos de la compañía con sus clientes", como los retrasos registrados en meses pasados como noviembre, sino en "circunstancias técnicas" sobre el mantenimiento de los aviones y la gestión de los vuelos.
"Anomalías" en la gestión
Precisamente el juez relata como, en mayo de 2006, la Dirección General de Aviación Civil -dependiente del Ministerio de Fomento- detectó "anomalías", aunque "nunca determinantes", en la organización de la aerolínea, que derivaron en varias inspecciones realizadas en los meses de agosto y septiembre y una resolución de Fomento, en noviembre, para que la compañía "subsanase" deficiencias.
Pese a los propósitos de Air Madrid, a principios de diciembre de 2006, los inspectores elaboran un informe donde hacen "constar una serie de deficiencias" que, al no ser subsanadas, desembocan en la suspensión de la licencia denominada (CAMO), por la que se autorizaba "el control de gestión de mantenimiento de la aeronavilidad". Esta suspensión acarreó también la retirada de la licencia de explotación y la licencia de operador aéreo (AOC) y, como consecuencia, el cese de actividad de la compañía.
Por otra parte, el auto de la Audiencia Nacional señala, asimismo, que no valora "ni la proporcionalidad, ni legalidad en la suspensión de las actividades, así como la imputación del incumplimiento final de los servicios contratados", cuestiones que podrían ser resueltas por el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, que tramita la insolvencia de la aerolínea.
Finalmente, el juez Fernando Grande Marlaska indica que "no podría nunca ser minimizado" la "entidad y gravedad" del daño generado a los más 60.000 pasajeros de la compañía aérea, muchos de los cuales debieron beneficiarse de vuelos públicos o privados para regresar a España o volver a varios países de América Latina durante el 2007.
Finalmente, el juez Fernando Grande Marlaska indica que "no podría nunca ser minimizado" la "entidad y gravedad" del daño generado a los más 60.000 pasajeros de la compañía aérea, muchos de los cuales debieron beneficiarse de vuelos públicos o privados para regresar a España o volver a varios países de América Latina durante el 2007.
La defensa de Carrillo está satisfecha
El abogado Pedro Pérez-Ocaña, que defiende al presidente de Air Madrid ha indicado que el auto de la Audiencia Nacional que archiva la causa abierta por estafa contra José Luis Carrillo y otros tres ejecutivos de la compañía ha demostrado que la acusación era "notoriamente injusta". Además, considera "positivo" el fallo del juez Fernando Grande Marlaska, porque "deja clara cual ha sido la conducta de los administradores", quienes fueron acusados por haber vendido billetes sabiendo presuntamente que iban a suspender sus actividades.
Pérez Ocaña explicó que el 90 por ciento del cobro de los billetes vendidos entre noviembre y diciembre de 2006 fue recaudado por las agencias de viajes y estuvo en poder de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hasta que fue enviado al concurso de acreedores pedido por Air Madrid. "El dinero no lo tenían" los administradores de Air Madrid y, por tanto, enfatizó la defensa de José Luis Carrillo, no pudo haber estafa "en ningún momento".
Además de la tramitación de la insolvencia de Air Madrid, de la que se encarga el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, la defensa del presidente de la aerolínea estudiará, en un futuro, si emprender acciones contra la Administración del Estado, pues su decisión de suspender temporalmente la licencia de la compañía ha motivado unos daños económicos.
Pérez Ocaña explicó que el 90 por ciento del cobro de los billetes vendidos entre noviembre y diciembre de 2006 fue recaudado por las agencias de viajes y estuvo en poder de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hasta que fue enviado al concurso de acreedores pedido por Air Madrid. "El dinero no lo tenían" los administradores de Air Madrid y, por tanto, enfatizó la defensa de José Luis Carrillo, no pudo haber estafa "en ningún momento".
Además de la tramitación de la insolvencia de Air Madrid, de la que se encarga el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, la defensa del presidente de la aerolínea estudiará, en un futuro, si emprender acciones contra la Administración del Estado, pues su decisión de suspender temporalmente la licencia de la compañía ha motivado unos daños económicos.
La OCU está disconforme
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció hoy que recurrirá el archivo de las actuaciones por un presunto delito de estafa contra los gestores de Air Madrid, decidido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska.
Fuentes de la OCU, la primera acusación popular que presentó su querella en la Audiencia Nacional hace más de medio año, mostraron su "sorpresa" por el archivo decidido, pues las "diligencias de investigación" confirman, a su juicio, que hubo estafa.
La suspensión de actividades de la compañía no les pilló "por sorpresa" y ellos siguieron vendiendo billetes, con lo cual "hay estafa", explicaron fuentes de la Organización de Consumidores y Usurios.
También indicaron que el auto del juez Fernando Grande Marlaska deja abierta la puerta para exigir la "responsabilidad patrimonial del Estado", pues, en su opinión, las investigaciones demuestran que "la administración fue permisiva" con la aerolínea.
Fuentes de la OCU, la primera acusación popular que presentó su querella en la Audiencia Nacional hace más de medio año, mostraron su "sorpresa" por el archivo decidido, pues las "diligencias de investigación" confirman, a su juicio, que hubo estafa.
La suspensión de actividades de la compañía no les pilló "por sorpresa" y ellos siguieron vendiendo billetes, con lo cual "hay estafa", explicaron fuentes de la Organización de Consumidores y Usurios.
También indicaron que el auto del juez Fernando Grande Marlaska deja abierta la puerta para exigir la "responsabilidad patrimonial del Estado", pues, en su opinión, las investigaciones demuestran que "la administración fue permisiva" con la aerolínea.