L D (EFE) La Comisión Permanente de los obispos aprobó este jueves una declaración en la que asegura que el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho y que la publicación de las disposiciones de las CCAA y de algunos manuales sobre la asignatura "confirma" el objetivo de formación obligatoria de conciencias.
Respecto al Real Decreto que regula la relación laboral de los profesores de Religión, dice que no cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado español y la Santa Sede, y anuncia que no excluye ejercer las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente.
Inaceptable
En el documento, la Conferencia Episcopal subraya que Educación para la Ciudadanía, tal y como está planteada, resulta "inaceptable" en la forma y en el fondo. Matiza que una asignatura "que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable".
Añade al respecto que la disposiciones de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de sus desarrollos sobre esta materia han causado una "creciente y comprensible" preocupación en los padres, y "han puesto en dificultades a los centros educativos". Por un lado, indican los obispos, los centros católicos o inspirados en esa doctrina "se verían obligados por la ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que -según el actual currículo- no es conforme con la doctrina social de la Iglesia".
Neutralidad
Por otro lado, los centros educativos del Estado, "perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos".
En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, "quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica ni ninguna otra".
Ante esta situación, "los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No hemos queridos mencionar ninguno en particular." "En cambio deseamos recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza".
Medios legítimos
Los padres, prosigue el texto, "harán uso de unos medios y los centros de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este desafío: ni en los estatales ni en los de iniciativa social".
Los obispos, por otra parte, creen que el Real Decreto de 9 de junio de 2007 que regula la relación laboral de los profesores de Religión "asimila su situación laboral en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo".
La nueva norma incorpora establece la duración indefinida del contrato; prevé como causa de extinción del contrato la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la confesión que la otorgó, y deja en manos de la Administración el acceso al destino concreto del colegio.
Religión católica
Los obispos apoyan el primer punto y rechazan los otros dos. Por un lado, consideran que el Real Decreto "no ignora del todo" que la autoridad de la Iglesia es la competente para garantizar la idoneidad de estos maestros, aunque "no es reconocida de manera suficiente".
Por otro lado, aclaran que el destino de los profesores a un puesto determinado forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que el Obispo no da en abstracto o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las circunstancias concretas de lugar y personas".