LD (Efe) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura en un auto que no existe "ningún elemento incriminatorio" que hubiera permitido impedir la toma de posesión de los cargos de concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) solicitada por la asociación Dignidad y Justicia.
"Adoptar esa decisión en este momento procesal, sin imputación concretada contra los citados concejales (...), habría sido una medida carente de soporte legal, máxime si se tiene en cuenta que las únicas posibilidades para evitar la toma de posesión habría sido o la suspensión previa de ANV (...) o la prisión provisional con procesamiento de los afectados", señala el magistrado.
Garzón respalda su decisión en el informe emitido al respecto por la Fiscalía, que consideró que "resultaría de todo punto desacertado acordar lo solicitado" por Dignidad y Justicia, ya que en la pieza separada del sumario sobre Batasuna en la que se investiga a ANV no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra este partido.
El Ministerio Público añade que la decisión de impedir la toma de posesión de los ediles de ANV "vendría determinada por la necesidad ineludible de acreditar el carácter de integrantes o colaboradores para el grupo terrorista de las personas que se sirven de las entidades que se pretenden suspender o ilegalizar".
Tras recordar que el juez no accedió a suspender las actividades de ANV, el fiscal dice que "lo que se pretende en este momento va aún más allá, por lo que resulta de todo punto improcedente (...), dado que si no se adoptó medida alguna respecto a la entidad referida, no puede pretenderse que la misma produzca efectos".
Dignidad y Justicia, que ha solicitado a Garzón en cinco ocasiones la suspensión de actividades de ANV por considerar que tiene vínculos con Batasuna, presentó hoy mismo un recurso de reforma contra esta resolución.
La asociación de víctimas asegura que el juez "no hace ningún razonamiento jurídico o fáctico valorativo" que respalde su decisión judicial, la cual se produjo dos días después de que se constituyeran los Ayuntamientos de todo el país, incluidos los del País Vasco y Navarra.
Rechaza, por tanto, el argumento de Garzón de que no aprecia "elementos incriminatorios suficientes" para imposibilitar que los concejales de ANV tomaran posesión de sus actas porque para Dignidad y Justicia ha quedado probado la relación de este partido con Batasuna.
"Adoptar esa decisión en este momento procesal, sin imputación concretada contra los citados concejales (...), habría sido una medida carente de soporte legal, máxime si se tiene en cuenta que las únicas posibilidades para evitar la toma de posesión habría sido o la suspensión previa de ANV (...) o la prisión provisional con procesamiento de los afectados", señala el magistrado.
Garzón respalda su decisión en el informe emitido al respecto por la Fiscalía, que consideró que "resultaría de todo punto desacertado acordar lo solicitado" por Dignidad y Justicia, ya que en la pieza separada del sumario sobre Batasuna en la que se investiga a ANV no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra este partido.
El Ministerio Público añade que la decisión de impedir la toma de posesión de los ediles de ANV "vendría determinada por la necesidad ineludible de acreditar el carácter de integrantes o colaboradores para el grupo terrorista de las personas que se sirven de las entidades que se pretenden suspender o ilegalizar".
Tras recordar que el juez no accedió a suspender las actividades de ANV, el fiscal dice que "lo que se pretende en este momento va aún más allá, por lo que resulta de todo punto improcedente (...), dado que si no se adoptó medida alguna respecto a la entidad referida, no puede pretenderse que la misma produzca efectos".
Dignidad y Justicia, que ha solicitado a Garzón en cinco ocasiones la suspensión de actividades de ANV por considerar que tiene vínculos con Batasuna, presentó hoy mismo un recurso de reforma contra esta resolución.
La asociación de víctimas asegura que el juez "no hace ningún razonamiento jurídico o fáctico valorativo" que respalde su decisión judicial, la cual se produjo dos días después de que se constituyeran los Ayuntamientos de todo el país, incluidos los del País Vasco y Navarra.
Rechaza, por tanto, el argumento de Garzón de que no aprecia "elementos incriminatorios suficientes" para imposibilitar que los concejales de ANV tomaran posesión de sus actas porque para Dignidad y Justicia ha quedado probado la relación de este partido con Batasuna.