LD (Agencias) En su comparecencia en el Senado ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, el presidente de la radiotelevisión, Luis Fernández, detalló que la corporación cuenta con una media de 96 trabajadores por mes dedicados "íntegramente" a la actividad sindical, cifra estimada en función del total de las horas dedicadas a actividades sindicales y abonadas por RTVE.
En concreto, Fernández explicó que, en total, este organismo cuenta con 302 trabajadores con reducción de jornada en función de la representación sindical –denominados liberados sindicales–.
De esta cantidad, 53 empleados dedican toda su jornada a la actividad sindical, mientras que el resto, 249, desarrollan esta labor a tiempo parcial, es decir, parte de su jornada trabajan y parte tienen horas sindicales, según datos del presidente de la corporación.
Respecto a la retribución de los empleados, los trabajadores fijos de RTVE perciben un salario medio bruto anual de 44.109 euros, lo que supone el doble del salario medio bruto percibido en el sector servicios en España –según refleja el Instituto Nacional de Estadística–.
Fernández recordó que dentro del convenio colectivo que contempla las condiciones laborales de los trabajadores, existen otro tipo de "prestaciones complementarias" entre las que destacó la jornada de 35 horas semanales. "Esta jornada se encuentra por debajo en dos horas y media de la jornada que rige en la Administración General del Estado.
Contrato-programa
Por otra parte, Fernández anunció varias medidas "a iniciativa propia" para reforzar la "transparencia y eficacia" en la gestión de RTVE, entre las que destacó la presentación trimestral de las cuentas de la corporación y la publicación, en un mismo periodo de tiempo, de porcentajes de producción interna y externa.
A lo largo de la comparecencia, los diputados del PP recordaron al presidente de la corporación la ausencia de un contrato programa, llegando a preguntar hasta en nueve ocasiones a Fernández sobre este asunto. Entre las críticas de los 'populares' se apuntó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como uno de los principales culpables del retraso para la firma de este texto.
Así, el diputado del PP Alfonso Gustavo Ferrada aseguró que Zapatero "ha maniatado" a la cadena pública "en la primera ocasión que ha tenido" y, a su entender, la ausencia de contrato-programa se debe a que el líder socialista "no quiere que exista". En esta misma línea, el popular Jaime Reinares indicó que el PSOE "ha puesto a RTVE al pie de los caballos", al tiempo que solicitaba a Fernández, "pedir respeto o explicaciones" por el retraso.
En respuesta, el presidente de la corporación aseguró que "insistirá aún con más fuerza" al Gobierno en relación a este acuerdo, si bien reiteró que se trata de "un asunto entre dos partes". Además, recordó que el contrato-programa tan sólo está a falta de un anexo –el de la cuestión económica–, que no se pudo cerrar "igual de rápido" que el resto de anexos y artículos debido a que las conversaciones con la SEPI y el Ministerio de Economía se vieron afectadas por la crisis y los "inminentes" cambios en el sector audiovisual.
Canal Cultural
Por otra parte, dio a conocer que la sede del canal cultural estará localizada en Prado del Rey, cuyas emisiones comenzarán a partir del mes de abril y de cuya producción serán responsables de manera conjunta los centros de Madrid y Barcelona. No obstante, el diputado del PP Pedro Agramunt alertó sobre una posible externalización de estos servicios. "Usted ya sabe a quién va a entregar la producción de este canal y no es ni a Prado del Rey, ni a San Cugat ni a Paterna", recriminó al presidente de RTVE.
Por último, Fernández negó un posible cese, contemplado en la ley de la radiotelevisión pública, de los consejeros y el presidente de RTVE debido a un incumplimiento presupuestario. En este sentido, especificó que para que este caso se pudiera dar, sería necesario que se produjera de manera simultánea unas pérdidas anuales por encima del 10 por ciento de la compensación aprobada por la prestación del servicio público y, en segundo, un exceso del 10 por ciento en los gastos reales por encima de lo presupuestado, hecho este último que "no se ha producido".