El Tribunal Supremo acaba de ordenar a los Parlamentos, Juntas Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la disolución de los grupos de Batasuna en estas instituciones, y ello como consecuencia de la sentencia de ilegalización dictada por su Sala Especial el pasado mes de Marzo. Así pues el Poder Judicial, si bien utilizando su particular “tempo” que poco o nada tiene que ver con el ritmo del resto de los mortales, continua haciendo Justicia en relación con aquellos sobre los que se ha probado su integración en una banda terrorista.
Ahora, en buena lógica, toca mover ficha a las Instituciones Vascas y Navarras. No albergo duda alguna sobre lo que van a hacer. Las gobernadas por Partido Popular y Partido Socialista, excepción hecha del Ayuntamiento de San Sebastián, ya han mandado al grupo mixto a Batasuna. Tristemente tampoco albergo duda alguna sobre lo que harán las gobernadas por el nacionalismo vasco, especialmente después de escuchar las declaraciones del Lehendakari Ibarretxe en las que, además de recordar que el Parlamento Vasco es soberano para tomar sus decisiones, afirma que le parece muy bien la decisión política de este Parlamento de mantener intacto el grupo de Batasuna.
Ibarretxe, y con él su partido, debiera saber que por muy soberano que sea nuestro Parlamento y por mucho que lamente la ilegalización de Batasuna, está obligado a respetar el Estado de Derecho y por tanto obligado a cumplir y a hacer cumplir la Ley. El artículo 118 de nuestra Constitución, de su Constitución mal que le pese, aquella de la que dimana el Estatuto que le permite ser Lehendakari, dice claramente que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.
Por tanto, el PNV de Ibarretxe solo puede hacer una cosa : Disolver al comando parlamentario de ETA en el Parlamento Vasco y en los Ayuntamientos, se llamen como se llamen. No obstante como decía antes, creo que no lo hará. Este Nacionalismo hace tiempo que ha renunciado a la sensatez para instalarse en la radicalidad y en la insumisión. Frente a esta actitud, el Estado de Derecho tiene la obligación de actuar. El Incumplimiento de las Resoluciones Judiciales, la resistencia a su aplicación, tienen un nombre: Desobediencia y como tal está tipificada en el Código Penal. Las personas que habitualmente, de manera paciente y pacífica cumplimos, nos gusten más o menos, con todas nuestras obligaciones ciudadanas estamos hartos de ver como un partido y un Gobierno que debieran dar ejemplo, alardean precisamente de su permanente desafío al Estado de Derecho.
Tan urgente como disolver los instrumentos de ETA en las Instituciones es emplazar al Gobierno Vasco y al PNV al cumplimiento de sus obligaciones y hacerlo sin dilación. Las bravatas no pueden quedar sin respuesta. El precio de la inacción frente al desafío se paga muy caro en el País Vasco, unos se crecen y otros pierden autoridad y ganan descrédito. Por tanto desde el Partido Popular insistiremos en que se adopten las decisiones adecuadas para dar cumplimiento a las Resoluciones del Supremo. Lo que también pedimos es que quien se oponga a ello tenga el reproche político, y penal en su caso, que pudiera corresponder.
Carlos María de Urquijo es parlamentario vasco del Partido Popular
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