Los países miembros de la coalición, pero sobre todo Estados Unidos, se enfrentan a la ardua tarea de lograr que los iraquíes reconstruyan su país. Hay experiencias cercanas, como la de Afganistán, que pueden ayudar. Hay otras, como la teocracia iraní, que hay que evitar a toda costa. Y hay ejemplos, como la guerra civil en Argelia, de lo que puede ocurrir cuando un régimen –o lo que queda de él– corrupto y socialista se enfrenta con el fundamentalismo islámico.
Teniendo en cuenta esas experiencias, Estados Unidos y los países miembros de la coalición, como España, no pueden permitir un estado confesional. Sería absurdo negarse a aceptar la influencia religiosa de la mayoría chiíta, que ha sido perseguida y masacrada por Sadam Husein, pero peor sería permitir la constitución de un estado fundamentalista, que oprimiría a la población, como lo hacen los clérigos iraníes, y que, tarde o temprano, sería un nuevo riesgo para la seguridad internacional.
Afortunadamente, Irak cuenta con un exilio numeroso y medianamente formado. Su agricultura podrá alimentar a todos cuando sea manejada con criterios de propiedad privada y su capacidad de producción de petróleo, del orden de 2,5 millones de barriles/día, puede suponer unos ingresos anuales brutos del orden de 20.000 millones de dólares.
Por el contrario, se encuentra con dos handicaps importantes. El primero, la naturaleza del régimen baasista, un compendio de lo peor del nazismo y el comunismo, que implica a las estructuras fundamentales del estado: policías, jueces, funcionarios de prisiones, otros funcionarios, incluso educadores y personal sanitario. El proceso de limpieza, como sabemos por lo que ha ocurrido en países como Rusia, es complejo, porque son muchos los implicados. El segundo problema es el de la deuda exterior, que puede estimarse en torno a 125.000 millones de dólares la directamente financiera, pero que podría doblarse si se tienen en cuenta compromisos, pactos y otro tipo de obligaciones.
¿Por dónde empezar? Quizá lo primero es librarse de la nefasta influencia de las Naciones Unidas y su programa de petróleo por alimentos, así como del régimen de sanciones. La renegociación de la deuda exterior, la concesión de nuevos créditos por parte del FMI y el Banco Mundial, la reconstrucción material y la provisión de servicios esenciales, deben hacerse directamente por el nuevo gobierno iraquí, cuando se forme, y, mientras, por el provisional que se designe de acuerdo con los Estados Unidos.
Lo siguiente es el establecimiento de un sistema jurídico que tenga en cuenta la tradición iraquí, pero también lo mejor del estado de derecho. En estos momentos, hay expertos suficientes en todo el mundo para poder cumplir este objetivo, porque ha sido necesario desarrollar este tipo de ordenamiento jurídico en todos los países ex-comunistas y, además, se puede aprender de los países musulmanes que respetan la propiedad privada, como algunos del Golfo Pérsico.
La formación, simultánea a la introducción de estas reformas legales, de un gobierno provisional iraquí, en el que estén representadas las distintas etnias y religiones, así como la constitución de una administración central y otra regional, es un elemento clave para el éxito de la operación. Todo lo anterior, el ordenamiento jurídico y librarse de la tutela de las Naciones Unidas, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Como siempre, lo imprescindible es acertar con las personas que van a dirigir la administración y el gobierno. Una tarea complicada tras tantos años de abusos y de poderes sin límite, durante los cuales la mayoría de la población terminó por colaborar con el régimen de Sadam de una u otra forma.
Tanto el petróleo como la industria que se ha desarrollado en su entorno deberían ser privatizados, pero, previamente, es necesario asegurar su puesta al día y su administración honrada. Un proceso de privatización excesivamente apresurado daría lugar a la formación de mafias o a la compra precipitada de todos los activos que tengan algún valor, a precios de saldo, por compañías extranjeras. Es imprescindible que el estado iraquí se recupere, para poder decidir, en cuanto sea posible, cómo privatizar esa enorme riqueza potencial, pues aunque Irak sólo pueda producir en estos momentos alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo diarios, con las inversiones adecuadas –en un periodo de entre cinco y diez años– podría doblar la producción. Y no se olvide que sus reservas de crudo son las segundas del mundo.
Si tal programa pudiera cumplirse, en pocos años, los 24 millones de iraquíes podrían ser una fuerza moderadora en Oriente Medio. Han probado la amarga medicina del despotismo, que siempre acompaña a los regímenes comunistas y nazis, y no pueden perder de vista el riesgo de envilecimiento y sometimiento que significa el fundamentalismo religioso, no sólo en el vecino Irán, sino en países teóricamente ricos, como Arabia Saudita.
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