Por mucho que se intente camuflar con los ropajes y las formalidades democráticas, llegado un punto, la implantación del socialismo real requiere masivas dosis de coacción, de violación de derechos fundamentales y de violencia generalizada contra la ciudadanía. Que esa violencia tenga lugar en la primera o en la última etapa del proceso depende fundamentalmente de si la situación de partida es un régimen autoritario o un régimen democrático; pero en nada altera el resultado final: la concentración de todos los poderes del Estado, de los resortes de la economía y de los medios de comunicación en manos del dictador comunista, que a partir de ese momento ya puede disponer a su antojo de la vida, la libertad y las propiedades de los ciudadanos.
Hugo Chávez está a punto de culminar el proceso que lleva a la instauración de una dictadura comunista. La mediación de la OEA, de Carter y del Grupo de Amigos –donde están integradas España y EEUU– le ha librado del principal y más peligroso obstáculo para un revolucionario: la existencia de una sociedad civil organizada en torno a unos líderes perfectamente conscientes de los objetivos últimos del protodictador. Los resultados de más de dos meses de huelga general, que a punto estuvo de hacer caer a Chávez como fruta madura, fueron malogrados por la ingenuidad de Carter, de Gaviria y del Grupo de Amigos, quienes forzaron a la oposición democrática a aceptar una mera promesa de celebración de referéndum en la fecha que marcaba la constitución de Chávez –agosto de 2003–, quien de esta manera ganó el tiempo suficiente para consolidar las bases de su futura dictadura y para desarticular a la oposición –incumpliendo la promesa de no tomar represalias–, cuyos líderes están encarcelados o en el exilio.
En los tres meses transcurridos desde el final de la huelga, ya sin la presión de las manifestaciones de la oposición, Chávez ha decretado la prohibición de tenencia de dólares y la imposición de un severo control de cambios que le permite controlar todas las importaciones y, de este modo, provocar la asfixia económica de los sectores o empresas desafectas al régimen, como es el caso de la prensa, que necesita importar papel. Asimismo, el control de cambios es un eficaz instrumento para monopolizar la distribución de alimentos, una de las piezas clave en la construcción del régimen y la economía socialista. La toma del control directo de PDVSA, la principal fuente de riqueza y de divisas de Venezuela, también tuvo lugar después del fin de la huelga. Chávez despidió a 17.000 trabajadores sustituyéndolos por cubanos, libios, iraníes e iraquíes.
Además, Chávez prepara otro decreto para “colectivizar” a los trabajadores cualificados de la industria petrolífera. Ingenieros de Sistemas, Geólogos, Ingenieros Químicos y Mecánicos –, por ejemplo, no podrán ir en el futuro a la huelga so pena de severas sanciones penales. Y lo que es peor: Chávez podrá “alquilarlos” a otros países y empresas extranjeras. El gobierno cobrará por ellos su salario en dólares mientras que estos profesionales sólo recibirán el mínimo imprescindible para sus gastos personales en el extranjero y sus familias una modesta suma en bolívares suficiente para cubrir la cesta básica. Es decir, el modelo cubano de relaciones laborales que, paradójicamente, lleva la explotación del trabajador a extremos que Marx hubiera calificado, con toda razón, de pura y simple esclavitud. Y, al igual que Castro, Chávez también planea restringir la salida del país a los menores, los futuros rehenes del régimen, y a los universitarios.
El rumbo hacia la dictadura de corte castrista es bien patente, y por ello no es extraño que Chávez intente dar por terminados los contactos, auspiciados por la OEA y el Grupo e Amigos, con la opositora Coordinadora Democrática. La firma, el 11 de abril, del preacuerdo que serviría de marco a la convocatoria del referéndum revocatorio el 19 de agosto, es la excusa que Chávez esgrime para prescindir de la presencia de la OEA y del Grupo de Amigos y, de este modo, poder llevar a cabo con total impunidad, bien la anulación del referéndum por motivos “formales” o bien el pucherazo que sus agentes, infiltrados en la comisión electoral, vienen preparando desde hace meses. La masiva confección de identidades falsas, denunciada por la oposición, así como las extraordinarias dificultades para obtener documentos de identidad en las zonas del país (las ciudades, principalmente) donde la oposición es abrumadoramente mayoritaria, son indicios de ello.
Una Venezuela comunista, con los ingentes recursos económicos del petróleo, que además cobija en su territorio al narcoterrorismo de las FARC y que podría servir de refugio, campo de entrenamiento y financiación para todo tipo de terroristas, es algo que la comunidad internacional no puede permitirse. Una vez desmantelada la petrotiranía de Sadam Husein, no puede correrse el riesgo de que Venezuela ocupe su lugar en la lista de “estados gamberros”. Aun es tiempo de frenar en seco a Chávez a través de la presión diplomática, obligándole a que cumpla al pie de la letra los compromisos adquiridos con la oposición. Pues sería una terrible ironía del destino que, al mismo tiempo que EEUU y sus aliados intentan construir la democracia en Irak, ésta perezca en Venezuela.
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