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Lucrecio

Madrazares se desdobla

Un inocultable fracaso en sus apuestas forzará al PSOE de Zapatero a gobernar, allá donde el PP no haya restablecido su mayoría absoluta, en coalición con la IU de Madrazares. Pagará un alto precio, pero esas son las reglas del juego: cuando un partido minoritario es indispensable, su cotización pasa a ser por completo ajena a la entidad de la clientela cuyos votos contabiliza. Sobre esa base fundó un imperio de corrupción fastuoso Bettino Craxi en la Italia de los años más podridos de la Democracia Cristiana de Andreotti. Sobre esa base, los castristas madrileños han proclamado su intención de zamparse el 50% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, acordes con el plúmbeo peso negociante de su 7% en las urnas. Son las reglas del juego. Y nadie tendrá nada serio que oponerles. Cuando a uno no le gusta este se sistema, se abstiene. Es lo que yo hago desde toda la vida. Pero, una vez las reglas de juego aceptadas, lo demás deriva con necesidad de teorema geométrico.

Habrá una excepción, sin embargo: el País Vasco. Y, ahí, las cosas empiezan a complicarse. En la medida misma en que al principio “un juego, unas reglas” se sustituye este otro mucho menos automático: “las reglas las hago yo conforme a conveniencia y las rompo cuando no me cuadran”.

En el País Vasco, Izquierda Unida seguirá siendo el puntal sin cuyo apoyo se vendría instantáneamente abajo todo el proyecto político del PNV: eso a lo cual elípticamente llaman Plan Ibarreche, y que, en designación no eufemística, es una procesual declaración de independencia, al margen del procedimiento regulado por la legalidad constitucional.

Madrazares se desplegará así en sus dos sosias: Llamazares, en el territorio español no sometido a asedio PNV, se embolsará la pasta –y los innumerables empleos– que el PSOE estará muy contento de hacer pagar a los contribuyentes para poder de nuevo retejer las redes aquellas de corrupción partidista que hicieron del socialismo felipista la peor peste política de la España contemporánea. Madrazo, en la zona exenta a ley que es la de las tres provincias vascas (con la retórica adjunción de Navarra), cobrará el salario del miedo, y gestionará el despliegue de lo que, a partir de septiembre, se anuncia como un formal golpe de Estado: el de una fracción del aparato estatal –la administración vasca en su conjunto– contra el código legal vigente.

Es una vieja estrategia estalinista: simultaneidad de acción legal e ilegal. En los territorios españoles donde la ley aún existe, Llamazares obtendrá, de la largueza de un Zapatero al borde del colapso todo cuanto soporte material requiera. En la zona exenta a control, ley y garantía, Madrazo se echará al monte con los joviales chicos de Arzallus. No es una mala estrategia. De algún modo, lo legal financia y da soporte o cobertura a lo ilegal. Es eficaz y sencillo.

No es una mala estrategia. De IU, por supuesto, que, como cualquiera sabe, de partido parlamentario apenas tiene ya más que el registro administrativo. Y que, de hecho, es uno de los últimos seudópodos castristas del planeta y, en todo caso, el último significativo en Europa.

Más extraño es entender que el PSOE zapaterista se embarque en eso. Algo tiene que ganar, es obvio; nadie se metería en un fregado así por filantropía hacia los últimos dinosaurios. ¿Qué gana el PSOE? O, más bien, ¿qué gana Zapatero? Unos cuantos escaparates con cuya bisutería ocultar el esplendor de su fracaso en lo que se anunció como la coyuntura óptima para liquidar a Aznar. La Comunidad Autónoma de Madrid, sobre todo, escaparate de escaparates. Ante la perspectiva de que González y otros Padrinos –mediáticos como políticos– se harten del margen dado a esa nulidad al frente del partido –confesemos, sin embargo, que una nulidad es siempre menos odiosa que un asesino–, Zapatero necesita anclar su imagen en algo. Y pagar lo que sea para obtenerlo.

Lo que sea. Lo que es: gobernar en el resto de España con el partido que perpetra un golpe de Estado desde el País Vasco. Incluso un cerebro como el de Zapatero debería ser capaz de preguntarse si es ése un coste asumible.

En España

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