Menos de una semana después de la catástrofe en la que perdieron la vida 62 militares españoles, el ministro de Defensa, Federico Trillo, ha cambiado de opinión respecto a la fiabilidad de las compañías aéreas y los aparatos con los que su ministerio contrataba el transporte de nuestros militares a los países donde desempeñan misiones humanitarias y de pacificación. Si hasta el sábado el ministro seguía afirmando que los aviones de las compañías ucranianas y de otros países del Este cumplían los requisitos técnicos exigidos por la aviación internacional y que eran la opción óptima para el transporte de nuestros soldados, esos vuelos quedan suspendidos a partir del lunes como medida “cautelar”, a la espera de lo que resulte de la investigación, “sencillamente para evitar alarmas”, según el propio ministro.
No cabe duda de que los testimonios y las protestas de los militares que han tenido que viajar en los aviones recomendados por NAMSA –la agencia de mantenimiento y apoyo de la OTAN en lo relativo a material militar–, así como, sobre todo, la honda conmoción que ha causado en la sociedad española el trágico accidente, han influido en la decisión de Trillo. Sin embargo, todo parece indicar que los reportajes fotográficos publicados por distintos medios –el diario El País fue el primero en sacarlos a la luz– han tenido un peso decisivo en la suspensión de los vuelos contratados a través de NAMSA. Una iniciativa que, al parecer, ha partido del propio presidente del Gobierno, quien, tras su entrevista con Trillo el pasado domingo, ha puesto a disposición del Ejército los Boeing 707 destinados al transporte del Rey y del jefe del Ejecutivo.
Por desgracia, no es la primera vez –recuérdese el accidente del Prestige– que el Gobierno afronta una catástrofe con una considerable falta de reflejos y, cabría decir también, de previsión. Aunque probablemente sería exagerado e injusto hablar de negligencia por parte de las autoridades encargadas de la contratación de estos vuelos y, en última instancia, del ministro; no es menos cierto que ya antes de la catástrofe del Yak-42 en Trebisonda existían indicios e informes de la escasa fiabilidad de las empresas de aviación radicadas en los antiguos países del Este. Los mandos del Ejército del Aire ya habían alertado hace unos meses de las deficientes condiciones de mantenimiento de los aparatos, de la falta de entrenamiento de las tripulaciones y del trabajo a destajo sin respetar los preceptivos descansos, circunstancia que hace que se multipliquen los fallos humanos como el que, probablemente, provocó el accidente del Yak-42 que transportaba a nuestros militares. El número de accidentes que han sufrido los aparatos fletados a estas empresas supera abrumadoramente la media de la aviación civil internacional, y varios países de la Alianza Atlántica, entre ellos Noruega y el Reino Unido, además de EEUU, ya habían decidido no contratar sus servicios, atendiendo a las fundadas quejas de sus militares.
Todavía está por dilucidar la posible responsabilidad de la OTAN en la tragedia, por recomendar aviones que, según se desprende de los reportajes fotográficos publicados, no reúnen las condiciones mínimas de seguridad exigidas a la aviación civil internacional. Según la versión de la OTAN, NAMSA se limitó a comprobar que los seguros y los certificados, expedidos por las autoridades ucranianas, estaban en regla. Sin embargo, la posible negligencia de la OTAN no excusa en modo alguno la ligereza de nuestras autoridades al no facilitar a nuestras tropas medios de transporte más seguros y fiables. Máxime cuando las misiones de paz y ayuda humanitaria disponen de un capítulo presupuestario al margen del presupuesto de Defensa que, en principio, no tiene límite de gasto. Aunque es cierto que no se puede improvisar de la noche a la mañana una flota de transporte militar propia, el ministerio de Defensa bien podría haber alquilado aparatos a compañías españolas o europeas aun cuando el coste de los fletes hubiera sido superior.
El cambio de postura del ministro de Defensa es acertado, aunque llega un poco tarde. No esperar al final de las investigaciones de la catástrofe, como en principio era su intención, para suspender la contratación a través de NAMSA, así como la decisión de emplear para el transporte militar los 707 destinados a los viajes del Rey y del Presidente del Gobierno, son medidas de elemental prudencia que tendrían que haber sido tomadas en las horas posteriores a la tragedia. En la comparecencia del miércoles, Federico Trillo tendrá ocasión de explicar las causas de esa demora, así como las razones últimas –aparte de las presupuestarias que, como hemos indicado, no eran en principio un obstáculo– que aconsejaban contratar los servicios de la compañía propietaria del Yak-42 siniestrado y del resto de compañías radicadas en los antiguos países del Este, a pesar de su negativo historial.
Aun cuando la responsabilidad final fuera achacable enteramente a la OTAN, el ministro de Defensa y sus colaboradores no quedan exentos de culpa, aunque ésta se reduzca en principio a una cierta ligereza –por confiar ciegamente en la NAMSA– y falta de reflejos. Ahora bien, si el cometido de la Alianza Atlántica en lo relativo a estos servicios es únicamente recomendar aquellos que, aparentemente, tienen una mejor relación calidad-precio sin responsabilizarse directamente de su dictamen, no cabe duda de que el ministro de Defensa habría incurrido en una grave responsabilidad política que podría causar su cese.
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