Con ocasión de una entrevista en ABC con Antonio Marzal, sendos artículos de mis amigos Alicia Delibes y Fernando Serra han colocado ya sobre la mesa dos claves del debate sobre la inmigración. El de cómo superar las paradojas morales que suscita la afluencia masiva de inmigrantes a nuestro país y el de las atribuciones del Estado liberal en el ordenamiento de los flujos migratorios. Delibes tiene razón en la primera clave, y Serra se la concede, sin darse cuenta de que solucionar correctamente las paradojas morales implica al mismo tiempo haber clarificado la naturaleza de la polis, es decir, de las instituciones políticas, sociales y culturales del Estado de derecho. Pero Serra tiene razón en desvelar el marco general de la cuestión de la inmigración, a saber, el de una sociedad libre y abierta cuyas instituciones de Estado están para contribuir a la libertad de la ciudadanía y no para su constricción.
El debate que ha provocado entre nosotros la enorme crecida de inmigrantes se ha movido hasta ahora entre dos perspectivas excluyentes: una moralista y, otra, política. La primera ha sido fraguada al filo de imágenes “duras” sobre la llegada de desvalidos inmigrantes desprovistos de todo. Ese imaginario de indignación moral produce actitudes laxas en política inmigratoria, pues ve bien cuanto vaya a favor de los intereses de los inmigrantes: desde “papeles para todos” hasta “todos los derechos para ellos, ya”, incluyendo el derecho a votar, el de asociarse, manifestarse y hacer huelga. Como el nutriente principal de ese imaginario son la caridad y la acogida humanitaria, le importan un rábano sus consecuencias en nuestra sociedad. Es más, previendo consecuencias xenófobas, organizan por adelantado grupos de lucha anti-racista que, de hecho, más promueven que limitan ese tipo de secuelas. Su ética de buenas intenciones se desentiende completamente de las mínimas exigencias de una ética de las consecuencias, desatendiendo algo cínicamente las paradojas morales, como en la que incurre Marzal al pregonar el derecho a dejar uno su país sin ligarlo al derecho simétrico a defender un país de un posible desbordamiento externo.
La perspectiva política, en cambio, sí habla de nuestros intereses, pero a veces teniendo en cuenta únicamente intereses económicos o bien culturales o hasta políticos, pero sin que su acción converja todavía en definir la vía hacia una sociedad más libre y abierta. Es decir, sin imaginar con claridad el reto de la inclusión política de los inmigrantes. En esta perspectiva hay gente que ve a los inmigrantes sólo como mano de obra barata y necesitada de comida y vivienda, e imaginan que nuestro país sale ganando mucho con su capacidad de trabajo y consumo. Hay otra gente que ve eso pero, además, tiene como meta mantener el país como era antes de venir de ellos y los ve como peligro cultural. Son los nacionalistas de todo tipo, desde los puramente xenófobos hasta los interesados en construir una nación de un único estilo de vida, pongamos, por ejemplo, de un país de habla más catalana que castellana y de cultura menos española que exclusivamente catalana. Y se quejan de que los inmigrantes iberoamericanos lleguen a Barcelona porque, adaptados perfectamente a una de las lenguas oficiales, no ven la necesidad de introducirse en la otra.
Una política de inclusión de los inmigrantes en la ciudadanía debe defender a ésta, pero para enriquecer más aún sus opciones de vida y las formas culturales de cada ciudadano, no las que convenga exclusivamente a un partido, sea o no nacionalista. Esa política debe ser de Estado, porque la integración de nuevos ciudadanos, simétrica a la desintegración étnica de la ciudadanía vasca, es asunto de defensa y consolidación del Estado de derecho. Debe, sobre todo, defender la polis como único espacio de donde emanan derechos y deberes, y sólo desde/para el fortalecimiento de la polis abordará la ampliación de tales y cuales derechos a los inmigrantes. Los derechos no emanan de la naturaleza sino de la polis. Esa política de inclusión debe fijar cupos pero también elegir el tipo de inmigrantes que más le conviene. La casa de acogida no es nada rígido, claro, pero su elasticidad debe ser un asunto de Estado, abierto al debate público de la ciudadanía pero de última decisión gubernamental. En Barcelona, como en Euskadi, es preferible acoger a los iberoamericanos y enseñarles a amar el catalán que cerrarles la puerta.
Mikel Azurmendi es presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, fundador de la plataforma "Basta Ya" y primer portavoz del Foro de Ermua
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