Por desgracia, empieza a ser habitual que, cuando comienzan los rigores climatológicos del invierno y del verano, la producción de energía eléctrica es insuficiente para atender la demanda. El jueves, ante un nuevo récord de demanda causado por el funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado, Red Eléctrica Española tuvo que instar de nuevo a empresas de varias zonas de España acogidas a cláusula de interrumpibilidad –el precio del suministro es más barato– que dejaran de consumir energía en las horas punta de la mañana y de la tarde.
No hay que exagerar la importancia que tiene para el bienestar y el desarrollo económico un suministro eléctrico barato y abundante, pero sobre todo fiable. La experiencia de California –una combinación letal de aparente liberalización con absurdas regulaciones y prohibiciones cuyo único objeto es contentar a los ecologistas radicales– es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se imponen límites arbitrarios a la producción de energía eléctrica.
Aunque en España la situación no es tan grave como la que provocó los apagones en California hace dos años, hay que tener presente que muchos de los ingredientes de esa crisis también están presentes en nuestro país. En primer lugar, la absurda moratoria nuclear, que nos obliga a depender innecesariamente del suministro del gas argelino y del consumo de fuel-oil, cuyos costes son muy superiores al de la generación nuclear. En segundo lugar, los obstáculos administrativos que ayuntamientos y comunidades imponen al tendido de líneas de alta tensión –corre hace muchos años el mito anticientífico de que la cercanía de cables de alta tensión provoca cáncer– y a la construcción de nuevas centrales. En tercer lugar, el deficiente estado de la red eléctrica, debido en muy buena parte a los recortes de inversión que las compañías generadoras acometen para salvar su cuenta de resultados, constreñidas por la fijación de precios por parte del Gobierno para maquillar las cifras del IPC, y también –sobre todo en el caso de las pequeñas compañías– por la deficiente ordenación del negocio de la distribución (casi las tres cuartas partes del negocio eléctrico propiamente dicho) que beneficia más en proporción a las grandes compañías.
Urge, pues, una reordenación del sector eléctrico que pase por una auténtica liberalización –en precios y en distribución–, así como reconsiderar la moratoria nuclear, que hace que paguemos una de las energías más caras de Europa. La octava economía del mundo no puede depender para su funcionamiento y desarrollo de los avatares de la climatología y la pluviosidad, agravados por una red burocrática más tupida aún que la propia red eléctrica.
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