Por primera vez, el agua fue un tema importante en la reciente reunión del G-8 en Evian, Francia. Y esa discusión será llevada, al tope de la agenda ministerial, a la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún.
El G-8 tiene claro el papel que la privatización del agua puede jugar en mejorar la calidad del servicio, pero recientes investigaciones sobre la experiencia argentina demuestran que la privatización también mejora el acceso de los pobres al agua potable. Esto va a influir sobre futuras discusiones e indudablemente fomentará los ataques de enemigos del uso racional del agua, quienes están en contra de su privatización.
Como de costumbre, la reunión del G-8 estuvo colmada de grandiosas declaraciones, pero pocas ideas prácticas. Por ejemplo, se habló de apoyar el objetivo de las Naciones Unidas en reducir a la mitad el número de personas en el mundo sin acceso a agua potable para el año 2015, pero sin enumerar ni promover los métodos que harían eso posible, como por ejemplo una amplia privatización del servicio de agua potable. Asumen que las empresas privadas aportarán gratuitamente sus tecnologías y sistemas administrativos, sin tener acceso a utilidades.
Pero no es importante sólo la tecnología privada; también es indispensable la disciplina del mercado bajo las cuales estas funcionan. En los años 90, la Argentina comenzó uno de los más grandes proyectos de privatización como parte de sus reformas estructurales. La privatización del agua se extendió a casi un tercio de las municipalidades. Como el agua potable y el tratamiento de las aguas negras son materias críticas para controlar la difusión de enfermedades infecciosas, lograr que los pobres tengan acceso a agua potable es probablemente la mejor manera de prevenir tales enfermedades. Lo que no se sabía era si los cambios de tarifas y servicios mejorarían tal acceso.
Las investigaciones conducidas por Sebastián Galiani de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Paul Gentler de la Universidad de California en Berkeley y Ernesto Schargrodsky de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires demuestran que la mortalidad infantil se redujo entre 5% y 7% en las zonas donde se privatizó el agua y la reducción en la mortalidad infantil fue de hasta 24% en las áreas más pobres. En total, la privatización del agua salvó la vida a unos 375 niños argentinos.
La empresa privada Aguas Argentinas fue administrada por un consorcio de firmas dirigido por la gran empresa francesa Lyonnaise des Eaux. Se trata de una concesión por 35 años y tienen la obligación de ofrecer agua potable al 100% de las viviendas y conectar el 95% de estas a redes de cloacas para el año 2028. Nueve años después de comenzado el proceso, la proporción de viviendas conectadas al servicio privado es mucho mayor que lo logrado por el sector público. Y la razón por la cual la mortalidad infantil se redujo más en las áreas pobres se debe a que las clases media y alta ya recibían agua potable antes de la privatización. Así vemos que los principales beneficiarios han sido los pobres.
Los investigadores concluyen que “el deterioro del sistema de agua potable argentino bajo la administración gubernamental era tan grande que permitió el surgimiento de un sistema privado que generara utilidades, atrayendo inversiones, ampliando el servicio y reduciendo la mortalidad infantil”.
La lección argentina es que la privatización de servicios públicos sí funciona y las ideas del G-8 de aumentar la ayuda económica a los gobiernos de países pobres sólo lograrían afianzar a burocracias ineficientes, cuando lo que realmente beneficia a los pobres del mundo es la privatización de los servicios públicos.
Roger Bate es director de la organización Africa Fighting Malaria (con sedes en Washington y Sudáfrica) y autor del libro The Cost of Free Water.
© AIPE
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