Algunos comentaristas han apuntado que el fondo del problema está en el sistema electoral. Nuestro sistema electoral funciona con listas cerradas y bloqueadas: la candidatura es un paquete. Y este sistema de paquete choca con la prohibición constitucional del mandato imperativo. Hay una distonía entre la disciplina que exige el sistemas de listas y la libertad del elegido, protegida por la ausencia de mandato imperativo.
El mandato imperativo era la condición lógica de los representantes medievales que acudían a los parlamentos para defender los intereses de la ciudad que los había elegido: eran los procuradores. Cuando se crea la conciencia de la unidad política de la nación, el mandato imperativo pierde su razón de ser porque el representante tiene que velar por los intereses de toda la comunidad nacional. ¿Cómo pueden, por ejemplo, los habitantes de Bristol –cito esta ciudad para recordar la magistral explicación de este problema que nos dejó el gran Burke hablando precisamente a los electores de Bristol– saber lo que es conveniente para toda Gran Bretaña? La idea de que el representante lo es de la nación está proclamada ya en la Constitución francesa de 1791 y es admitida como principio del Derecho constitucional moderno. En la Constitución portuguesa y también en la belga se proclama explícitamente que los representantes lo son de la nación entera y no del distrito que los ha elegido. No vale ya el mandato imperativo: ya no son procuradores sino diputados. Bien entendido que los diputados no son elegidos para que saquen provecho propio, sino para que gestionen el bien de todos los ciudadanos según su leal saber y entender. Se ha inventado la nueva fórmula del mandato representativo. Los representantes son libres. ¿Qué les queda a los electores? Seguir la actuación del representante y no volverlo a elegir si no cumple con lo que se esperaba de él.
Este planteamiento está basado sobre el sistema electoral nominal en el que cada elector sabe qué representante ha elegido. Como los sistemas nominales daban lugar a evidentes distorsiones en la presencia entre los representantes de las distintas opciones políticas actuantes en una nación, se inventaron los sistemas de representación proporcional, los de lista. Ha sucedido que los grandes partidos se han configurado como un representante colectivo y en ese modo ha reaparecido una suerte de nuevo mandato imperativo en forma del programa que el partido presenta y al que debe ser fiel, so pena de ser castigado en las siguientes elecciones. La consecuencia lógica sería admitir el mandato imperativo del partido sobre sus diputados, una suerte de segundo mandato imperativo, con la consecuencia de pérdida de la condición de diputados si fueran expulsados del partido. Las actas serían propiedad del partido: el representante sería el partido y los diputados serían sus agentes. ¿Por qué no dar este paso? Porque la ciudadanía cree que debe haber una protección de la independencia –en último término, de la conciencia– de los diputados como garantía contra la prepotencia de los partidos, cuyo poder es tan evidente que hoy los politólogos hablan frecuentemente de partidocracia en vez de democracia.
¿Hay solución a este problema? Unos dicen: listas abiertas. Bueno, listas abiertas ya las tenemos en el Senado y no parece que la dinámica política de esta cámara sea sustancialmente distinta de la del Congreso. Necesitaríamos un sistema de elección nominal en el que el elector sepa quién es su representante y al mismo tiempo un sistema proporcional para que cada diputado y el conjunto de los diputados de un partido no tengan más peso real en la cámara que el de los ciudadanos que los apoyan y al mismo tiempo que el diputado sea algo más que un mandado del partido. ¿Cómo? Podemos indicar a los lectores que hay líneas de reflexión en este sentido y que la (Coordinadora Estatal para la Reforma de la Ley Electoral) presenta una propuesta muy elaborada y muy debatida. El problema y solución parecen muy técnicos. Así es, aunque no demasiado. Pero no se trata de la técnica, sino de la regeneración de la democracia, que no se dará mientras los ciudadanos sean meros espectadores de la agitación política. Por eso algunos dicen: "Ya se votó. Ahora al ciudadano le toca mirar".
Fernando Prieto es presidente de CERLE
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