La extraña insistencia de Simancas por dilatar el mayor tiempo posible la convocatoria de nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid no tiene, a primera vista, mucho sentido. Después de que el candidato socialista a la presidencia haya afirmado con rotundidad que, al igual que Esperanza Aguirre, no se servirá en ningún caso de los diputados disidentes, la convocatoria de elecciones es inevitable, dada la voluntad de Tamayo y Sáez de conservar sus escaños. Y poner obstáculos a la pronta celebración de esas elecciones es contraproducente de cara a la opinión pública, que ve con desagrado el crudo espectáculo de una lucha desesperada por el poder.
Sin embargo, para Zapatero, que lidera un PSOE desgarrado por tensiones centrífugas –sobre todo en el País Vasco y Cataluña– y con síndrome de abstinencia de cargo y coche oficial –véase Navarra–, la “pérdida” de la Comunidad de Madrid –altamente probable en unas nuevas elecciones– sería un golpe verdaderamente letal. Por ello, la única esperanza que le queda al actual grupo dirigente de los socialistas es conseguir por cualquier medio que Tamayo y Sáez renuncien a sus actas de diputado; o al menos poner en entredicho la honorabilidad de los cargos y candidatos del PP para erosionar sus posibilidades de victoria en la inevitable convocatoria electoral.
A tal fin, el grupo PRISA, brazo mediático del PSOE, y sus terminales institucionales han puesto en marcha la temible apisonadora polanco-felipista que ha aplastado a casi todos aquellos que se han atrevido –desde Manuel García Pelayo, pasando por Marino Barbero y por Javier Gómez de Liaño, hasta Nicolás Redondo Terreros e incluso el propio Zapatero, por citar sólo algunos ejemplos– a desafiarla, a denunciar sus desafueros o simplemente a resistirse a sus pretensiones. La traición de Tamayo y Sáez –un episodio que, a todas luces, no es sino un jalón más, quizá el más destacado y decisivo, de la larga y sorda guerra intestina entre las facciones de la FSM–, en lugar de abrir un periodo de reflexión y regeneración –prometido y nunca cumplido por Zapatero– en el PSOE, ha resucitado las tácticas felipistas de intoxicación y de judicialización de la vida política como medio de hurtar a la opinión pública sus graves problemas internos y transferirlos a sus adversarios políticos del PP.
Y la expresión material de esa táctica son los desesperados intentos de vincular al PP con Tamayo y Sáez a través de una fantasmagórica trama de corrupción inmobiliaria, en cuyo diseño los medios de PRISA no han vacilado en formular graves acusaciones sin pruebas que después ha secundado el PSOE, ni tampoco en vulnerar derechos fundamentales. Hasta tal punto que, después haberse desinflado el impacto inicial de la supuesta trama –por su endeblez e inconsistencia, así como por revelaciones tan chuscas como la asociada al chalet de Simancas en Arroyomolinos, que relaciona al ex alcalde socialista de esta localidad precisamente con los constructores Bravo y Vázquez–, la maquinaria polanco-felipista ha puesto en marcha otro montaje destinado a relacionar al PP con Tamayo y Sáez, de nuevo a través de Bravo y Vázquez.
La Fiscalía de Madrid, dirigida por Mariano Fernández Bermejo –notorio felipista impuesto en el cargo por Eligio Hernández contra el criterio de sus compañeros fiscales y recalcitrante opositor al gobierno del PP (querella contra Michavila) y al Fiscal General del Estado– ha buceado en los archivos judiciales para encontrar algún asunto que pudiera reiniciar el ciclo de acusaciones contra el PP para dar nueva munición a PRISA y al PSOE. Y lo encontró en una querella presentada por el que ahora es el nuevo alcalde de Alcorcón contra su antecesor, que ya fue sobreseída y archivada –por falta de fundamento– en 2002. Esta vez, el personaje del PP en el punto de mira es Pablo Zúñiga, el anterior alcalde, a quien pretenden implicar junto con otros dos empresarios inmobiliarios –además de Bravo y Vázquez– en una supuesta recalificación fraudulenta de terrenos con una querella calcada de la que fue sobreseída hace un año. Y lo más grave es que la querella con la que ahora se pretende implicarlos ha sido filtrada a la SER y El País sin siquiera haber sido firmada aún por el fiscal responsable del caso –Emilio Valerio Martínez de Muniain, subordinado de Bermejo– y, por supuesto, sin haber sido notificada previamente a los querellados, vulnerándose de nuevo derechos fundamentales.
Simancas, sobre la base de esta nueva querella, se ha apresurado a pedir el próximo martes a la Mesa de la Asamblea de Madrid la creación de una Comisión de Investigación, pues según él, “es parte del porqué de la trama”. De la trama que, según todos los indicios, han montado PRISA-PSOE para evitar la disolución de la Asamblea y retrasar la convocatoria electoral. El objetivo es ganar tiempo –según Simancas y Fernández, se trata de cumplir el reglamento y el Estatuto al pie de la letra– para ensuciar todo lo posible la reputación del PP y restarle credibilidad de cara a las elecciones. Y, de paso, intentar “convencer” a Tamayo y Sáez para que renuncien a sus escaños.
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