La petición del secretario del PSOE, Rodríguez Zapatero, para que comparezca Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sólo puede responder a su suicida estrategia post-Saddam de disparar a todos lados; o a un gravísimo desconocimiento de lo que es el trabajo de los servicios de inteligencia. Tal vez a ambas dos.
Si lo que Zapatero quiere es demostrar que el Gobierno del Presidente Aznar decidió su postura sobre Irak en contra de lo que le decían los espías españoles, debería releerse no sólo la normativa en vigor aplicable al CNI, a su función y a sus competencias, sino, y sobre todo, un poco de historia estratégica. Suponiendo que sus fuentes sean veraces, no sería ni la primera ni la única vez que los responsables políticos juzgan una situación y deciden actuar en contra de las evaluaciones de sus servicios secretos. De hecho, por citar un solo ejemplo, si Kennedy hubiera escuchado a los funcionarios de la CIA en lugar de a su protegido John McCone, jamás se habrían autorizado los sobrevuelos de los U-2 sobre Cuba y los Estados Unidos no habrían impedido el establecimiento de misiles nucleares en esa isla.
Lo que el Sr. Zapatero maneja implícitamente en su petición es una peculiar forma de entender la inteligencia, tarea que parece entender como mezcla de investigación judicial y actividad ejecutiva. Pero la inteligencia no es ni debe ser ni lo uno ni lo otro. Por un lado, los servicios secretos no tienen como función presentar pruebas ni incriminar a un culpable, como la policía hace. Su responsabilidad es presentar información, basada en datos inconexos muchas veces, sobre posibles adversarios que saben cómo protegerse, y cuya credibilidad estriba en la calidad de la lógica, la capacidad de deducción y de inferencia de los analistas. Los servicios de inteligencia trabajan con pruebas circunstanciales en el mejor de los casos, no concluyentes. Pedirles más es impulsarles a hacer lo que no pueden.
Por otro lado, a diferencia de etapas ya superadas, el actual Gobierno ha mantenido una estricta separación entre su obligación de decidir y las tareas de apoyo a la decisión, que es para lo que están, entre otros muchos órganos, los servicios de inteligencia. Los Gobiernos tienen que actuar con o sin inteligencia y pensar que en estos servicios recae la responsabilidad de la decisión política equivale a, como político, echarle el muerto a otro. Informar no es suplantar ni asumir más responsabilidades de las atribuidas. Los servicios pueden tener sensibilidad política, pero no responsabilidad política. Cuando la han tenido, mal les ha ido. Y a su Gobierno, peor.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos.
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