El lamentable espectáculo que está dando el PSOE en la Comunidad de Madrid –y también en Navarra– no es sino una de las consecuencias –probablemente la más decisiva– de un proceso degenerativo que comenzó en enero de 2002 con la defenestración política de Nicolás Redondo Terreros. Zapatero había afirmado en varias ocasiones que su política en el País Vasco era la de Redondo –es decir, los pactos con el PP para llevar al nacionalismo a la oposición–, y fruto de esa política surgió el Pacto Antiterrorista, la mayor aportación de la izquierda a la democracia española.
Pero en el momento en que Zapatero, con tal de evitar que los “perros” que acosaban al “jabalí” Redondo se volvieran contra él, aceptó en enero de 2002 sacrificar a su apoyo más sólido en política nacional –aquel no te equivoques, Nicolás, los nacionalistas son nuestros amigos, pronunciado por Felipe González en la campaña de las elecciones vascas, fue toda una advertencia–, firmó la sentencia de muerte del proyecto renovador que le llevó a la secretaría general. Nada de levantar las alfombras de la corrupción felipista en el seno del PSOE, ni tampoco de imponer disciplina en los sectores centrífugos y a los barones rebeldes; antes al contrario. Desde entonces, con tal de conservar el sillón, Zapatero se ha convertido en carne de cañón de la sorda guerra que PRISA mantiene contra el PP y contra la idea de España que ese partido representa –la misma que sostiene Redondo y que también sostenía Zapatero–, descuidando la inaplazable tarea de poner orden en su propio partido.
Emplear las escasas fuerzas de un equipo ya de por sí mediocre en acudir al toque de corneta de El País y la SER en la huelga general del 20-J, en el Prestige y en la guerra de Irak, ha tenido un efecto letal en el seno del PSOE, ahondando sus divisiones y sus contradicciones internas. Sobre todo después de comprobar que la estrategia de desestabilización antidemocrática contra el Gobierno, en alianza con Izquierda Unida, no sólo no acerca al PSOE al poder sino que provoca el rechazo de los votantes de centro, como ha podido comprobarse en 25 de mayo aun a pesar de la feroz campaña que los omnipresentes medios de PRISA lanzaron contra el PP.
En estas circunstancias, la única baza que podía exhibir Zapatero para apoyar la tesis del creciente apoyo electoral al PSOE era la Comunidad de Madrid, aunque para ello debía pagar el exorbitado peaje –el 50 por ciento del presupuesto– que le exigía Izquierda Unida. Pero la “traición” de Tamayo y Sáez ha dado al traste también con este precario asidero al que pretendía aferrarse Zapatero, poniendo de manifiesto las consecuencias del “seguidismo” de PRISA y de dar prioridad a la pancarta como atajo para llegar al poder en detrimento de la penosa –pero mucho más eficaz– labor de construir un partido sólido y homogéneo, con un programa creíble y coherente.
PRISA ha quemado a Zapatero en su guerra particular contra Aznar, y las fantasmagóricas tramas inmobiliarias urdidas por los medios de Polanco para desprestigiar al PP y culparle de los problemas internos del PSOE son en realidad un caramelo envenenado que tanto Zapatero como Simancas, en su desesperación, han aceptado irreflexivamente. Hasta el punto de que, con tal de ganar tiempo y poder seguir desacreditando al PP desde la presidencia de la Comunidad para llegar en mejores condiciones a la repetición de las elecciones –que con la elección de Simancas podrían retrasarse hasta bien entrado 2004–, Simancas ha decidido someterse a la investidura con el apoyo de los mismos “despojos humanos” que le privaron de la presidencia en primera instancia; incumpliendo su palabra de no aceptar “ni por activa ni por pasiva” el apoyo de Tamayo y Sáez. La excusa para ello es que la famosa trama inmobiliaria fantasma –según Zapatero, en declaraciones a Iñaki Gabilondo–, supera en gravedad nada menos que al 23-F y constituye el episodio de corrupción en recalificación de terrenos más importante de la historia de Europa.
Si bien es cierto –lo sabían perfectamente los nazis y los soviéticos– que el público poco informado tiende a dar crédito a las patrañas más inverosímiles, las evidentes exageraciones de Zapatero –quien afirmó saber de lo que habla, asegurando tener “mucha información” que “marcará un antes y un después” en la democracia– están condenadas al fracaso. Durante los ocho años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, el PSOE jamás ha denunciado un solo episodio de corrupción inmobiliaria. Dada la gigantesca magnitud de la trama, siempre según Zapatero, lo lógico es que la oposición socialista en la Asamblea de Madrid hubiera localizado al menos algún episodio parcial de esa marea de corrupción. Y el no haberlo hecho sólo puede indicar dos cosas: que la trama no existe, o que el propio PSOE estaría implicado en ella. Desde luego, no faltan mamblonas, portas y balbases en la FSM que se dediquen al negocio inmobiliario, y nadie mejor que ellos podría haber conocido y denunciado unos episodios que superan en gravedad, según Zapatero, al 23-F.
Resulta paradójico que Zapatero, que ganó la secretaría general gracias a Balbás y Tamayo –el custodio de sus actas–, haya recibido precisamente de Tamayo el golpe de gracia que, a todas luces, le acabará causando la muerte política después de año y medio de lenta agonía tras la defenestración de Redondo. Porque, ocurra lo que ocurra con Simancas –cuyo único deseo parece ser el de llegar a la presidencia, aunque sólo sea por un día–, el desprestigio de Zapatero, con un partido en descomposición gracias a su servilismo hacia PRISA e Izquierda Unida y a su total falta de liderazgo, es ya prácticamente inevitable.
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