La Fiscalía Anticorrupción fue creada en el último gobierno de Felipe González, precisamente en la época en que los informativos abrían casi todos los días con un nuevo episodio de corrupción asociado al Gobierno del PSOE. Y el nombramiento de Carlos Jiménez Villarejo –cofundador de la Unión Progresista de Fiscales y fuertemente identificado con el PSOE– para ocupar la nueva fiscalía a propuesta del entonces Fiscal General del Estado, Carlos Granados, no fue en modo alguno casual. Poco después de su nombramiento –en diciembre de 1995–, el PP ganaría las elecciones generales de marzo de 1996 y al PSOE ya no le iba a ser posible seguir camuflando la marea de corrupción en la que había vivido durante los más de trece años de gobierno. Villarejo cumplió la importantísima misión de poner diques a esa marea para que no salpicara a González ni a las altas jerarquías del PSOE, buscando chivos expiatorios de segunda fila como Roldán o como los colaboradores de Borrell, Huguet y Aguiar, en el caso de la “hacienda paralela” de Barcelona.
Desde entonces, la trayectoria del tío de Trinidad Jiménez, una vez que los vapores de la corrupción del PSOE se fueron disipando en el olvido, ha estado marcada por un fuerte sesgo político en contra del PP. El ejemplo más reciente fue la imputación sin pruebas de Estanislao Rodríguez Ponga, actual secretario de Estado de Hacienda, en el caso de las cuentas secretas del BBV; y también hay que recordar la imputación de Piqué en el caso Ertoil, así como el caso Gescartera. Además, la sañuda persecución del ex presidente del Atlético de Madrid por parte de Villarejo coincidió con el éxito electoral de Gil en Marbella, gobernada anteriormente por los socialistas. Ni qué decir tiene que, en todos los casos citados, la “investigación previa”, e incluso los términos en que después eran redactadas las querellas, corrió a cargo de los medios del grupo PRISA, “casa matriz” del PSOE y especialista en acoso mediático y en destrucción de reputaciones.
Este es, precisamente, el caso en lo relativo a la “trama inmobiliaria” urdida por la SER y El País, a cuenta de la defección de Tamayo y Sáez, para salvar a Simancas y a la FSM de sus propios pecados, cargándolos sobre los hombros del PP. El compañero de asociación “progresista” de Villarejo, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo –elegido ilegalmente para el cargo por Eligio Hernández, quien a su vez fue también ilegalmente elegido por Felipe González–, se ha apresurado a dar cuerpo de querella a las infundadas acusaciones de PRISA. Y Villarejo se ha declarado competente para investigar la trama de corrupción inmobiliaria “más grande de Europa”, que supera en gravedad al 23-F, según Zapatero. Molesto por que no se ocupará finalmente del caso, el tío de Trinidad Jiménez –este parentesco con un destacado cargo del PSOE debería ser motivo suficiente para que se inhibiera– recorrió el jueves el circuito habitual de los medios de PRISA (la SER, El País y CNN+) para acusar a Jesús Cardenal, por enésima vez, de connivencia política con el PP y reprocharle que no cuente con él para la próxima renovación de las fiscalías –antes vitalicias hasta la aprobación del nuevo Estatuto Fiscal, acordado por PP y PSOE en el Pacto de la Justicia. Pero nada debería extrañarle a Villarejo que Cardenal, supuestamente, esté a las órdenes directas de Aznar, habida cuenta de que Eligio Hernández, su antiguo superior, dijo poco después de ser nombrado por González Fiscal General del Estado que "una obligación democrática es que el fiscal se lleve bien con el Gobierno".
La reforma del Estatuto Fiscal, que impedirá con toda probabilidad tanto a Villarejo como a Bermejo seguir ocupando sus cargos, les ha sentado muy mal a estos agentes políticos supervivientes del felipismo y residuos de una época en la que Alfonso Guerra, con todo descaro, certificó la defunción de Montesquieu. Ni qué decir tiene que tampoco les ha sentado muy bien a sus “patronos” de PRISA y del PSOE, que perderán a sus “fiscales de guardia”. Afortunadamente, la renovación de la fiscalía cada cinco años, con criterios de profesionalidad y competencia, evitará en gran medida que el gobierno de turno decida para los siguientes veinte años una composición de la fiscalía a la medida de sus necesidades e intereses políticos. No sería sorprendente que Rodríguez Zapatero ya esté arrepentido de haber firmado el Pacto por la Justicia.
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