Desde el mismo momento en que Tamayo y Sáez fueron expulsados fulminantemente del PSOE por abandonar la disciplina de voto el pasado día 10, y dada la negativa del PP y del PSOE a contar con los votos de los dos diputados rebeldes, la única salida para superar la situación de bloqueo institucional en la Comunidad de Madrid era celebrar unas nuevas elecciones. Y puesto que el recurso a las urnas era inevitable, lo lógico habría sido convocar esos nuevos comicios lo antes posible, sin pasar por el trámite de una investidura fantasma que los retrasará por otros dos meses.
Aunque no hay que excluir la posibilidad de que Simancas termine aceptando “por error” los votos de Tamayo y Sáez para proclamarse presidente de la Comunidad de Madrid en segunda votación este lunes a primera hora de la noche –lo que pospondría las elecciones al menos hasta el próximo mes de marzo–, todo indica que la farsa de la no investidura de Simancas que comenzó el sábado tiene como único objeto ganar tiempo. Un tiempo que el PSOE, con el auxilio de los fiscales cesantes Villarejo y Bermejo, de PRISA y de otros medios que se prestan también al delictuoso juego de conculcar el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones, empleará para ir refinando y engordando la burda “trama” inmobiliaria. Hoy por hoy, la famosa teoría de la “conspiración” del PP para arrebatar el gobierno de la Comunidad de Madrid a PSOE-IU –una coalición postelectoral con programa desconocido que los electores no votaron el pasado 25 de mayo– tan sólo se apoya en la repetición de una querella ya sobreseída –Pablo Zúñiga y la “trama” de Alcorcón– que volvió a presentar –filtrándola previamente a El País– un subordinado del fiscal Bermejo, en la famosa visita del constructor militante del PP a Romero de Tejada y en un par de listas de llamadas telefónicas a las que han tenido acceso El País y El Mundo.
La teoría que sostiene este último diario sobre una “intermediación” de José Esteban Verdes –novio de Paloma García Romero, una concejala del Ayuntamiento de Madrid– entre Tamayo y Romero de Tejada, de la que también habría estado informado Ruiz Gallardón a través de la novia de Verdes, si bien no puede calificarse de inverosímil, no es más que una mera conjetura entre otras que también podrían explicar la lista de llamadas telefónicas que publicó El Mundo el domingo. Como, por ejemplo, que Verdes, como él mismo ha reconocido, tuviera una relación profesional y de amistad con Tamayo (ambos son abogados) y este último le insinuara a Verdes su intención de impedir el pacto PSOE-IU en Madrid. Nada más lógico que Verdes, militante del PP, pusiera en conocimiento de Romero de Tejada y de su novia esa valiosa información conforme la iba recibiendo de Tamayo. Y nada más necio que pensar que Romero de Tejada o Ruiz Gallardón tuvieran la obligación de revelar a Simancas las intenciones de Tamayo y Sáez, en el caso de que las hubieran conocido de antemano.
Las especulaciones de El Mundo le vienen muy bien a Simancas para seguir cebando la bomba de las acusaciones sin fundamento, que alimenta al ventilador del estiércol y que sustrae a la opinión pública la verdadera causa de la crisis institucional de Madrid: la reyerta entre clanes inmobiliarios de la FSM a cuenta del reparto del botín electoral –Tamayo, en su intervención en la Cámara madrileña, acusó a Simancas de romper los pactos internos de la FSM–, que se produce en el seno de un partido sin programa ni liderazgo, dividido por las tensiones centrífugas en el País Vasco y Cataluña y por la inmoderada sed de cargos y presupuestos en Navarra. En la Comunidad Foral se ha violado flagrantemente el Pacto Antiterrorista con tal de obtener algunos ayuntamientos, sin que por ello Zapatero haya expulsado del PSOE a los responsables con la misma celeridad con que lo hizo con Tamayo y Sáez. En Galicia, el PSOE pacta también ayuntamientos con el nacionalismo antiespañol del BNG. En Cantabria, contrariando la voluntad de los electores, cede el gobierno a la tercera lista en número de votos con tal de que no gobierne el PP. Y en toda España, el PSOE pacta con el mismo partido que en el País Vasco es compañero de viaje de la deriva separatista y totalitaria del PNV-EA.
Con este bagaje, no es probable que Zapatero pueda levantar mucho la voz en el debate sobre el estado de la Nación que tendrá lugar este lunes. Agotados los temas del Prestige y del “no a la guerra”, a Zapatero sólo que queda la “trama inmobiliaria” para intentar contrarrestar la fuerza argumental de una excelente gestión del gobierno del PP, cuyos únicos puntos negros son la carestía de la vivienda –en gran medida imputable a la desafortunada sentencia del Constitucional que impidió la liberalización del suelo–, la inseguridad ciudadana –provocada en parte por la política de puertas abiertas del PSOE en materia de inmigración–, el accidente ferroviario de Chinchilla o el desastre del Yakolev en Turquía, al que la mezquina política del PSOE en el pasado para con las Fuerzas Armadas no es en absoluto ajena.
Más que un debate sobre el estado de la Nación, lo que los ciudadanos demandarían es un debate sobre el estado del PSOE; un partido que en los últimos tiempos, al igual que ocurría en la etapa final del felipismo, ha demostrado estar dispuesto a todo –incluidos los insultos, las agresiones, la difamación, la violación de la intimidad, la alianza con partidos antisistema y la ruptura de pactos de Estado– con tal de tocar poder.
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