La concepción de la política como chantaje es viejísima en el PSOE, y se manifiesta ahora en su pretensión de que el suceso de Tamayo y Sáez constituye una “burla a la voluntad de los ciudadanos” y un “golpe de estado” comparable al del 23 F, y otras amenazas típicas, peligrosas a pesar de su escaso impacto en la opinión pública.
Por el contrario, las justificaciones con que Tamayo ha defendido su boicot a Simancas son muy coherentes: la forma como se estaban repartiendo el poder su partido y los comunistas —el partido del Gulag y de Castro, no se olvide—, eso sí constituía una burla escandalosa, típicamente partitocrática, a la voluntad de los ciudadanos. Otra cosa es que tales justificaciones fueran sinceras, y que la plausible indignación ética de Tamayo y Sáez no encubriera intereses corruptos o espurios, como tan a menudo pasa en política. Sin embargo quien quisiera acusarlos debería aportar pruebas, y el PSOE se ha permitido, y se le ha permitido, descartar su propia estafa a los ciudadanos para acusar a los dos disidentes, sin prueba alguna, de corrupción, es decir, para calumniarlos, cubriéndolos al mismo tiempo de injurias. Eso no debiera tolerarse en una democracia sana, pero a la izquierda se le conceden tales privilegios, y la propia derecha los tolera y aun se solidariza con ella, como ha hecho Ruiz Gallardón.
Es cierto que la absurda querella presentada por el PSOE contra sus disidentes ha sido rechazada, pero eso no basta, y de la pasividad derechista se aprovecha el parcialísimo y politizado fiscal Villarejo para poner en duda la imparcialidad de Cardenal, y para hacer chantaje político sugiriendo que el Gobierno puede tener algún miedo a la investigación, ampliando la calumnia y como si fuera obligatorio investigar las acusaciones histéricas de un partido enloquecido por haber perdido un poder que ya creía en sus manos. Villarejo, si fuera coherente, debería exigir la investigación de otras diversas tramas posiblemente delictivas del PSOE que están aflorando con motivo de este escándalo. Después de todo, ese partido protagonizó hace pocos años la oleada de corrupción más espectacular, probablemente, del siglo XX español, y nadie puede tener una seguridad razonable de que haya cambiado: no se conoce ningún esfuerzo socialista serio en pro de la regeneración.
Y ese estilo no cesa de ofrecer nuevo casos. Acaba Maragall de hacer un análisis político de la situación, en clave chantajista una vez más. A su juicio, la “dureza antiterrorista de Aznar” debe retroceder. ¿Por qué? No puede estar más claro. El terrorismo ha sido durante muchos años una fuente de beneficios políticos directos o indirectos para Maragall, como para CiU o el PNV, y el acoso y los golpes que sufre actualmente les tienen preocupados. Pero el político socialista quiere desviar la atención de esa evidencia mediante la advertencia de que la política antiterrorista y antisecesionista del Gobierno puede “dar al traste con unos equilibrios que han funcionado bien durante 25 años”. En realidad esos equilibrios sólo han funcionado a medias, como prueba el hecho de que en Cataluña el nivel de libertades y pluralismo político sea inferior al del conjunto de España, mientras en las Vascongadas simplemente no puede hablarse en serio de libertades, lo cual se debe en medida muy principal a la simbiosis nacionalista-terrorista.
Y son precisamente el PNV, CiU y sectores del PSOE representados por Maragall quienes intentan dar al traste con los equilibrios en lo que tienen de aceptables, es decir, intentan romper la Constitución y los estatutos para dar un gran paso hacia la balcanización de España. Es muy sintomática la amenaza de los chantajistas: si no se aceptan sus condiciones, “España perdería el norte, y nunca tan bien dicho”. Recuerda la típica exigencia terrorista: si las autoridades democráticas no se doblegan a sus exigencias, ellas serán las responsables de lo que ocurra.
Es absolutamente necesario poner a las izquierdas y a los nacionalistas ante las consecuencias de sus provocaciones. Hace poco Mayor Oreja señaló, con toda razón, que las maniobras desestabilizadoras de Ibarreche y compañía podían arruinar la autonomía vasca, obligando al Gobierno a suspenderla de acuerdo con la ley. Sin embargo el apoyo a Mayor Oreja ha sido escaso en su propio partido, pues al parecer muchos siguen ignorando que el cumplimiento de las leyes es un principio sin el cual la democracia no funciona. La izquierda y los nacionalistas siguen teniendo tales privilegios, y mientras ello siga así, la democracia española no será estable.
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