El Gobierno español está ultimando la reforma de la ley que ampara la utilización de la golden share (capacidad de veto sobre las decisiones de las empresas privatizadas), con el fin de adaptarla a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaró ilegal la normativa española. Se trata de una buena oportunidad para que el Ejecutivo, aunque sea a instancia ajena, pruebe su tantas veces proclamada, algunas veces confirmada y muchas otras desmentida vocación liberal.
La golden share está en vigor hoy en día para Repsol, Telefónica y Endesa y se aplicó también, de forma sonrojante, en Tabacalera y Argentaria. La legislación que la inspira, de contenido claramente intervencionista, fue aprobada por el Gobierno del PSOE con la intención de asegurarse un cierto control sobre empresas consideradas clave para la actividad económica, pero el PP la ha defendido a machamartillo con argumentos de escaso fuste. En particular, el Ministerio de Economía suele argumentar que la ‘golden share’ es necesaria porque evita el enorme contrasentido que supondría que empresas privatizadas en España sean adquiridas por compañías públicas extranjeras que se aprovechan de sus posiciones monopolísticas en los mercados nacionales para crecer fuera de sus fronteras. Traducido, lo que quiere decir es que no es de recibo que Endesa sea comprada por EDF, la eléctrica francesa que está todavía, y por muchos años, bajo control estatal.
El alegato puede parecer razonable, y ciertamente lo es, pero se utiliza de forma descarada para justificar unas restricciones que van mucho allá, ya que la golden share española concede al Gobierno derecho de veto sobre la práctica totalidad de las decisiones importantes de las empresas concernidas y ni siquiera establece pautas o criterios que permitan conocer de antemano si se va a hacer uso de ella. En esas condiciones de absoluta discrecionalidad, ¿a alguien le extraña que, como esgrime a veces el vicepresidente Rato para restar importancia a este mecanismo de control, la golden share no haya sido ejercida jamás? Si al Ejecutivo lo que le preocupa es el intrusismo de empresas públicas extranjeras, limítese su acceso al mercado español. Pero debería aprovechar la ocasión que le brinda el Tribunal Europeo de Justicia para eliminar el resto de las restricciones. Los accionistas de Repsol, Telefónica y Endesa –que no pueden beneficiarse de posibles oferta de compra– se lo agradecerán y, además, el Ministerio de Economía podrá presumir así de contribuir a la creación de un auténtico único mercado europeo y de facilitar la libre circulación de capitales. ¿No vale la pena el esfuerzo?
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