A estas alturas de la película, nadie sensato, y recalco lo de sensato, discute que el mejor activo político del PP, el terreno en el que ha conseguido los mayores logros, es la política económica. Todo lo hecho hasta ahora, lo acertado y lo que no es tan atinado, se puede resumir en una cifra que habla elocuentemente del balance de sus ya casi ocho años de Gobierno. La cifra es cuatro millones. Cuatro millones de puestos de trabajo creados desde que los ‘populares’ llegaron al poder en 1996 en un país con la tasa de paro más alta de toda la OCDE, que veía al desempleo como una maldición bíblica sin fin. Ya quisiera para sí esa cifra el PSOE, que sus trece años de gestión de la ‘res publica’ los terminó con el mismo número de empleos con que los empezó, pero con dos millones más de funcionarios.
Esos logros del PP son el fruto de las reformas estructurales en los mercados de bienes, servicio y trabajo llevadas a cabo durante su mandato, de la estabilidad económica alcanzada bajo su Gobierno, en especial del déficit cero que ha permitido esa reducción de los impuestos y los tipos de interés estimuladora de la inversión y el consumo y, por tanto, de la creación de empleo. Pero los efectos de dichas reformas, gracias a las cuales España puede crecer por debajo del 3% y seguir creando puestos de trabajo, en lugar de destruirlos, como sucedía antes. Prueba de ello es que la tasa de actividad femenina sigue siendo elevada; que la tasa de paro, aunque se ha reducido mucho, sigue siendo la más alta de la UE; que la temporalidad es muy elevada y que el paro de larga duración alcanza cotas desconocidas en otros países comunitarios.
El Círculo de Empresarios, una entidad que ha aportado mucho y bueno al debate económico en este país, ha puesto el dedo en la llaga sobre estas cuestiones en el informe sobre el mercado de trabajo que presentó el pasado jueves. Su denuncia es del todo punto acertada porque describe a la perfección cuáles son ahora los problemas de empleo en España. E igual de acertadas son sus propuestas para resolverlos, entre ellas la reducción del coste de despido o la creación de agencias privadas de empleo. Por supuesto, estas cosas han molestado profundamente a los sindicatos, en particular a uno de ellos, la UGT de un Cándido Méndez que lleva toda la legislatura en campaña electoral permanente, porque supone flexibilizar y liberalizar, dos cosas que le sientan muy bien al empleo pero que reducen el poder de las centrales sobre la sociedad.
Lo más molesto para Cándido, sin embargo, ha sido la cosa más acertada de todas las que ha dicho el Círculo: que las reformas deben hacerse mediante el consenso de los agentes sociales pero que, si no se logra éste, el Gobierno debe asumir su papel y llevarlas a cabo. La organización empresarial tiene toda la razón porque lo prioritario es seguir reduciendo la tasa de paro hasta alcanzar el pleno empleo, no que las reformas que tracen el camino hacia este objetivo sean pactadas entre la patronal y los sindicatos o las apruebe el Ejecutivo por decreto. Esto es lo que dice el más elemental sentido común, del que Cándido Méndez debe de estar excluido. Sólo así se puede entender que diga lo que ha dicho.
El Círculo tiene toda la legitimidad del mundo para decir lo que piensa en materia de política de empleo o de cualquier otra cosa. Negársela es como decirnos a los periodistas que no estamos legitimados para opinar si nuestros análisis y conclusiones no le gustan a la UGT o a quien sea. Pero, además, los sindicatos, en este caso la UGT, no son más que una parte del entramado institucional que conforma la sociedad española, a la que se le escucha en las cuestiones que le son propias y se les da participación activa en cuestiones tan importantes como la reforma laboral o la de las pensiones para evitar una conflictividad social que, por supuesto, desgastaría al Gobierno pero, sobre todo, que perjudicarían a todo el país, empezando por los parados y siguiendo por los que tienen trabajo. Los sindicatos, sin embargo, no son depositantes de la soberanía popular porque no concurren a las elecciones. Por consiguiente, no están legitimados para usurpar las funciones de gobierno propias de un Ejecutivo salido de las urnas. Méndez, por ello, no puede pretender que las reformas se hagan al dictado de los agentes sociales y, si no se ponen de acuerdo en ello, que no se lleven a cabo. Y, desde luego, lo que no puede hacer es criticar que el Gobierno actúe, como pide el Círculo, si ellos no lo hacen porque, precisamente, la misión del Ejecutivo es gobernar, cosa que no pueden hacer los sindicatos ya que no se presentan a las elecciones parlamentarias.
Por todos estos motivos, el Círculo dice, con toda razón, que el Gobierno tiene que dar una nueva vuelta de turca a la reforma laboral, con pacto entre los agentes sociales o sin él. Eso es algo que no tiene que molestar a nadie salvo a los que su ‘negocio’ depende de que nada cambie, como le sucede a la UGT.
En Libre Mercado
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro